Los 18 millones de Millet

18 millones de euros supuestamente desaparecidos del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet no se sabe a ciencia cierta dónde han ido a parar. El juez que investiga el expolio, Josep Maria Pijuan, continúa el rastreo de los destinatarios de los fondos cobrados en efectivo mediante talones de la entidad cultural. De esta labor se encarga desde octubre del año pasado un grupo especializado del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), concretamente la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los agentes están siguiendo los«caudales desviados» a través de los talones al portador de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. Los cheques fueron cobrados en ventanilla. Todavía no ha llegado al juzgado el dictamen.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled sostiene en un informe remitido al juzgado hace unos meses, en el que solicita la intervención de la UDEF, que parte de ese dinero corresponde a fondos aportados previamente por la constructora Ferrovial y que«pudieran tener como finalidad el supuesto pago de comisiones ilícitas relacionadas con la adjudicación de gran obra pública»durante los gobiernos nacionalistas de Jordi Pujol.La acusación pública, al requerir la intervención del grupo de policía especializada, subrayó las dificultades que estaba teniendo el juzgado para recabar información de las entidades financieras. Y es que en los asuntos de esta índole, los investigadores suelen encontrarse con cierta resistencia para que las entidades financiera faciliten datos bancarios.

El destino de los 18 millones de euros es relevante, no tanto a efectos penales de cara a una posible imputación de los destinatarios de esa cantidad, sino porque permitirá garantizar la responsabilidad civil del saqueo del Palau y, en definitiva, la máxima restitución del dinero sustraído de la entidad.

Tasar las propiedades

Según fuentes jurídicas, los bienes que el juez ha embargado a Millet; su mano derecha, Jordi Montull; a la hija de este, y a las esposas de ambos pueden no ser suficientes para cubrir los 24 millones de euros de fianza civil hasta ahora fijada y que el Palau eleva a 35 millones. En el caso de que, al final, el expolio se cifre en 24 millones, los bienes incautados deben tener un valor de 30 millones, ya que la ley obliga a ampliar la cantidad en una tercera parte por los intereses generados y las posibles costas derivadas del proceso judicial. La Agencia Tributaria y varios peritos tasarán las propiedades embargadas.