Las reacciones

¿Y los funcionarios?

El sindicato CSIF-Catalunya aconseja a los trabajadores públicos exigir por escrito las órdenes que reciban relacionadas con la consulta

GEMMA ROBLES / MADRID

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El president Artur Mas jugó ayer deliberadamente al despiste sobre la base legal de la consulta participativa que, asegura, se celebrará el 9-N en Catalunya. Habló en su comparecencia pública de que participarán en el proceso 20.000 voluntarios, pero nada dijo del papel que deberán desempeñar los funcionarios de la Generalitat o de los ayuntamientos catalanes, en caso de que sea requerida su colaboración.

Ante las numerosas incógnitas que aún están por despejar y el temor a que los trabajadores públicos puedan encontrarse en medio de la guerra jurídica que mantienen el Estado y el Govern, el sindicato CSIF-Catalunya está recomendando a los funcionarios exigir por escrito cualquier orden que reciban en torno a la consulta, con independencia del modo en que termine realizándose, que pretende celebrarse el próximo 9 de noviembre. «Nosotros no vamos a significarnos políticamente. Aquí hay muchos afiliados y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Vamos a ayudar al que decida participar si se lo reclaman y también al que desee no hacerlo», explicó ayer a este diario Joan Escanilla, portavoz del CSIF catalán.

El papel de los mossos

En esta línea, Escanilla afirma que los trabajadores públicos que opten por cooperar si se les demanda podrán blindarse mejor ante posibles iniciativas legales del Estado si tienen una orden escrita. En caso de recibir directrices para trabajar y no querer hacerlo por estimar que se puede incurrir en ilegalidad, continúa, aconseja demandar también la orden en negro sobre blanco y acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo.  «Para poder acudir a los tribunales si hay problemas con cualquiera de las Administraciones, nosotros ofreceremos ayuda de nuestros servicios jurídicos», añadió.

Reconoce el portavoz del sindicato que el asunto más complejo, en caso de que haya consulta, resultaría el que atañe a los mossos, dado que en principio están obligados a realizar las tareas que se les planteen en pro del mantenimiento del orden público. «Es cierto que su situación es la más complicada, pero si tienen dudas también estamos dispuestos a ayudar con asesoramiento», sostiene Escanilla.

A juicio de este sindicalista, sería un atropello que los funcionarios terminen pagando «la que se está montando» en Catalunya por el choque frontal de criterio que, en torno al 9-N, existe entre la Administración central y la Generalitat.