TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO

Los deudores hipotecarios podrán recurrir la desestimación de su oposición al desahucio

La futura Ley de Financiación obligará a los bancos a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación y modificará el MAB y el MARF

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado jueves en el Congreso.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el pasado jueves en el Congreso. / ms

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Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, como hasta ahora podían hacer las entidades financieras cuando no se les daba la razón, de modo que se dé cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria.

El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras las entidades financieras sí pueden recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.

En estas circunstancias, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso que en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará un decreto ley de modificación de la Ley Concursal que incluirá el "ajuste procesal técnico" necesario para dar cumplimiento al fallo europeo.

"Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia", ha insistido, afirmando que "como no podía ser de otra manera se establecerán estrictamente las mismas condiciones para los deudores y los acreedores".

Menos desahucios

No obstante, el ministro ha recordado que los desahucios de primeras viviendas que afectan a personas físicas "se han reducido en el último año", entre otras cosas por las medidas del Ejecutivo, de las que se han beneficiado unas 19.500 familias.

En concreto, en virtud del Código de Buenas Prácticas se han practicado 6.500 reestructuraciones viables y también ha habido más de 2.100 daciones en pago. Por su parte, el Fondo Social de Vivienda ha adjudicado más de 900 viviendas y se han suspendido unos 10.000 lanzamientos gracias a la moratoria de dos años.

En cualquier caso, De Guindos ha afirmado en declaraciones a la prensa que el Ejecutivo "analizará la situación" actual y estudiará la posibilidad de "mantener e incluso reforzar" las medidas de ayuda a los desahuciados, aunque no ha querido precisar si se prolongará la moratoria.

"Nuestra sensibilidad siempre será para favorecer a todos aquéllos que han estado golpeados por la crisis económica y evitar todos los dramas que se están produciendo. El Gobierno no va a dejar que pierdan sus viviendas quienes, por causas sobrevenidas, se han visto golpeados por la crisis", ha afirmado.

Regularización del 'crowdfunding'

Además, se buscará mejorar el acceso de las empresas --sobre todo las pymes-- a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de las entidades financieras. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará "por primera vez" el 'crowdfunding', de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal "mucho más flexible y desregulado".

Asimismo, se obligará a los bancos a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir "movilizar carteras de crédito" para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.

Como ya había avanzado el ministro con anterioridad, también se "mejorará el funcionamiento y la supervisión" del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). En concreto, las empresas que tengan una capitalización en el MAB de unos 500 millones de euros pasarán a cotizar en los mercados oficiales, para que tengan que cumplir con "mas requisitos de transparencia y control". De este modo se intentarán evitar nuevos casos Gowex, si bien De Guindos no ha mencionado ningún caso concreto.

Además, el supervisor Bolsas y Mercados Españoles (BME) tendrá mayores responsabilidades y se reforzarán y ampliarán los deberes de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "cualquier infracción o mal funcionamiento" que se produzca. Por su parte, las sociedades emisoras de valores de un "tamaño importante" que actúen en mercados oficiales o alternativos se considerarán "entidades de interés público" y, por tanto, estarán auditadas.