Los colegios esquivarán el 25% de castellano con el recurso al TSJC

Con la más absoluta discreción y con toda la cautela del mundo -no en balde esta vez los principales damnificados en este litigio son niños-, los responsables de los cinco colegios a los que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha requerido que impartan el 25% de sus clases en castellano acordaron ayer la presentación de recurso contra los autos del alto tribunal. Con ellos -será un recurso por cada colegio afectado-, se intentará, entre otras cosas, posponer la aplicación efectiva de la medida. La resolución del TSJC, que responde a la demanda de cinco familias que han solicitado que sus hijos sean escolarizados en castellano, da un mes de plazo a los directores de los centros educativos para que modifiquen su proyecto lingüístico, pero si en el recurso se pide expresamente que se paralice la ejecución, pueden quedar eximidos de hacerlo si así lo considera el TSJC.

Esta es una de las decisiones adoptadas ayer en una reunión mantenida por los afectados con la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, y con los servicios jurídicos del departamento, que están preparando la documentación necesaria con la que sustentar el recurso, que se presentará previsiblemente este viernes. Su principal argumento, indicaron fuentes del Govern, será el modelo de inmersión lingüística que defiende la ley de educación de Catalunya (LEC), aprobada en el 2009 por el Parlament, con el voto favorable de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA.

El régimen lingüístico previsto en la LEC establece que el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya, si bien la misma ley recoge que el sistema educativo debe garantizar «el pleno dominio de las lenguas cooficiales cuando los alumnos finalicen la educación obligatoria», tras el cuarto curso de la ESO. La Generalitat entiende que la medida cautelar impuesta por los magistrados de la Sala Quinta del TSJC vulnera este modelo.

EL PORCENTAJE / Tampoco comparten la Generalitat y los colegios afectados el criterio que ha utilizado el tribunal para fijar un porcentaje del 25% de presencia del castellano en las aulas, en una decisión nunca antes adoptada en España. De hecho, como ya adelantó la consellera Rigau en la entrevista publicada ayer por este diario, el referente para el establecimiento de esa cuota del 25% es «una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a Bélgica y de 1968, por lo que hay que analizar  con detenimiento hasta qué punto es aplicable en Catalu-nya», objetó la consellera. Además, la sentencia del tribunal de Estrasburgo «se pronunciaba sobre un asunto de lenguas maternas, no de lenguas cooficiales como ocurre en este caso», indicó la titular de Ensenyament.

El porcentaje fijado en la resolución judicial tampoco tiene cobertura en el ordenamiento español, ya que, tal y como recordó ayer el Ministerio de Educación, la redacción definitiva de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) no concreta  porcentajes de enseñanza del castellano en las comunidades autónomas. Simplemente establece que  aquellas que tengan lengua cooficial tendrán que garantizar «en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas».

«Respetamos todas las sentencias de los tribunales que sean competentes. Se analizará la reciente del TSJC, pero el ministerio no tiene nada que decir, de momento», se limitó a comentar un portavoz del ministerio a preguntas de este diario. Tampoco hizo referencia a estos autos el ministro José Ignacio Wert, que ayer participó en una jornada de la Fundación Santillana, en el que aprovechó para defender de nuevo la LOMCE, informa Manel Vilaseró. En un primer borrador, la también conocida como ley Wert había llegado a apuntar a un 50% de clases en lengua castellana, pero esa cifra se eliminó en las siguientes versiones de la propuesta legislativa, por razones pedagógicas y para evitar injerencias en las normativas autonómicas. Finalmente, el texto habla de «proporción razonable», de acuerdo con la expresión recogida por el Constitucional en una sentencia del 2010.

ALTERNATIVAS / Mientras el TSJC resuelve la petición de paralización   que le harán llegar los centros afectados, la consellera Rigau ha adelantado estos días que una de las alternativas para las familias demandantes  es la posibilidad de que sus hijos puedan ser escolarizados en escuelas cercanas a las que asisten actualmente y que ya ofrecen algunas asignaturas en castellano. Son, según datos de Ensenyament, el 14% de los centros educativos catalanes.

También se valora la posibilidad de  alegar, en el caso de las escuelas concertadas, que los padres aceptaron el ideario y el programa del centro, incluido el proyecto lingüístico, cuando matricularon a sus hijos a esas escuelas.