El Periódico

Català de l'Any 2016

Jueves, 21 de noviembre del 2013

Las primeras filtraciones del borrador de la futura ley de seguridad ciudadana que prepara el Gobierno Rajoy son toda una demostración de intenciones. Se pretenden imponer castigos administrativos para disuadir y reprimir comportamientos de protesta cívica y política. Convocar cierto tipo de manifestaciones, hacer acampadas o reunirse sin permiso ante el Parlamento se castigará con multas de hasta 600.000 euros. Estas conductas son perfectamente legales y amparadas por el derecho constitucional a la protesta política.

Parece una respuesta airada del PP a la negativa de los jueces y del sistema judicial a castigarlas. Si no suponen ni delitos ni faltas no pueden ser castigadas. Es preocupante que el Gobierno de Rajoy no actúe con más moderación y se deje llevar por su sector más duro. Aún queda mucho para que esta ley sea aprobada. Pero si el PP se empecina en recortar las libertades públicas más básicas, aún se degradará más la ya baja calidad institucional de la democracia española.

En un contexto de crisis prolongada, de más desigualdades y empobrecimiento, un Gobierno que es liberal en lo económico actúa como reaccionario ante las libertades y derechos civiles. Ya lo hizo con la ley de tasas judiciales de hace un año con la que el PP se ha cepillado la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. También lo ha hecho aprobando la LOMCE sin consenso, o la reforma de las pensiones o la reforma laboral. La mayoría absoluta enloquece a la derecha española hasta hacerle perder el sentido de la mesura y de la realidad.

A raíz de la crisis, ya dijimos aquí que las élites de Davos daban por descontada una ola de grandes protestas y huelgas en España. Así ha sido. Pero, antes de la actual crisis y de todos sus recortes, España ya destacaba entre los países europeos donde más se protesta en la calle. En el pasado reciente, hasta los obispos y sacerdotes han salido de manifestación por las calles.

Destacar en el ranking de las protestas refleja la polarización y encono de la política en España donde las diferencias no se dialogan ni se respeta el papel crítico de las minorías. Solo queda la calle para protestar si los canales de diálogo son puro protocolo y nada efectivos, si las propuestas ciudadanas directas apenas llegan ni se discuten en los parlamentos y si se desoyen las peticiones de transparencia. Se toma el espacio público para visibilizar múltiples conflictos mal canalizados.

Si ahora el PP resucita al Fraga franquista (la calle es mía) no hará sino proyectar su inconsciente freudiano ante derechos constitucionales que no acaba de asimilar. La democracia y su complejidad parece que no cuadra con la identidad autoritaria del PP. Para que parezca más aceptable su propuesta, ha incorporado otras sanciones contra la prostitución callejera y otros malos usos de la calle. Así parece un reglamento de orden público que agradará a su electorado más conservador y nostálgico. Pero si sigue en esa dirección, nos preguntamos si hará resucitar el 15-M y si perderá o no su actual mayoría.