Protestar ante un parlamento será sancionado con hasta 600.000 €

El Ministerio del Interior ya ha ultimado el anteproyecto de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que pretende paliar la ausencia de faltas del nuevo Código Penal, convirtiendo en infracciones administrativas algunos comportamientos que hasta ahora eran difíciles de castigar por la vía penal porque los jueces no estaba por la labor de criminalizar determinadas protestas. El texto, que Jorge Fernández Díaz pretende  aprobar este viernes en el Consejo de Ministros, refleja la preocupación del  Gobierno ante la falta de castigo por la alteración del orden público en manifestaciones ilegales, escraches o protestas ante el Congreso, el Senado o cualquier asamblea legislativa autonómica. El anteproyecto incluye un apartado específico en el que el legislador pretende proteger a los funcionarios de los cuerpos de seguridad de las "vejaciones, amenazas, coacciones e injurias" que puedan sufrir en las manifestaciones.

Lo único que el actual equipo de Interior ha mantenido de la 'ley Corcuera' de 1992 son las sanciones económicas, pero traducidas a euros. Y crea tres categorías de infracciones. Las muy graves, con multas de entre 30.001 y 600.000 euros; las graves, que irán de los 1.001 a los 30.000 euros, y las leves, de 100 a 1.000.

El texto ha contado con la participación activa de policías y guardias civiles, que han intentado plasmar en el documento todo aquello con lo que se han ido encontrado en los últimos tiempos en las calles, especialmente en estos dos últimos de Gobierno del PP y de gran conflictividad social. Por ejemplo, los escraches. Hasta ahora, los que se han realizado se han castigado (o no) según el criterio del juez. Con el nuevo anteproyecto, Interior crea una herramienta legal para, por ejemplo, imponer un espacio de seguridad de 200 metros alrededor de la vivienda del político acosado.

Pasamontañas

Las manifestaciones frente al Congreso, el Senado o cualquier asamblea autonómica, si no han sido comunicadas y autorizadas, se considerán una falta muy grave, estén o no reunidos los parlamentarios en su interior, y se castigarán con la horquilla de sanción económica más elevada, hasta los 600.000 euros. En cuanto a las faltas graves, se castigará con multas de hasta 30.000 euros a los manifestantes que participen en disturbios o alteraciones del orden público y oculten su rostro para impedir su identificación. En otras palabras, uno puede asistir a una concentración con un pasamontañas, pero solo si no se cometen actos vandálicos.

En el apartado de la protección a los agentes de policía o guardia civil, pasan a ser infracción muy grave las vejaciones, amenazas, coacciones o injurias. Y se castigará también con multas la distribución de imágenes de agentes con sus datos en las redes sociales.