Los equilibrios de la izquierda aberzale han generado una nueva polémica. El origen de este caso está en el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu. El consistorio anunció ayer que la próxima semana aprobará una subvención de 9.000 euros para contribuir a la financiación de un documental sobre cinco presos de ETA. La intención primera era dar vía libre a la ayuda ayer mismo, pero un defecto formal lo impidió. PP y PSE no tardaron en censurar la decisión de la alcaldía.

Protagonista 8 El exjefe de ETA Mikel Albisu, es trasladado a París tras ser detenido, en octubre del 2004. AP PHOTO / CHRISTOPHE ENA

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Información publicada en la página 24 de la sección de Política de la edición impresa del día 09 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El gobierno municipal explicó a través de un comunicado que la película, titulada Barrutik begirako lehioak (Ventanas al interior), pretende mostrar «de una manera abierta y humana» una realidad social «que a menudo ha permanecido oculta». El documental estará compuesto por cinco historias cortas filmadas por otros tantos directores, y ya es posible encontrar en internet un tráiler de la cinta. Uno de los protagonistas es el exjefe político de la banda Mikel Albisu, Antza.

Los concejales de PP y PSE en el ayuntamiento donostiarra denunciaron esta entrega de dinero público. Así, el portavoz popular en el consistorio, Ramón Gómez Ugalde, afirmó que la subvención podría constituir un delito de apología del terrorismo. Bildu replicó que la concesión es plenamente legal al tratarse de «una competencia del alcalde ejercida con total normalidad».

El grupo del PSE expresó que la película «no ayuda a la paz» porque se posiciona «una vez más con los verdugos, y no con las víctimas». Su portavoz Ernesto Gasco manifestó que la intención de la coalición independentista es «desajustada e inapropiada». En caso de que se apruebe la contribución, los socialistas abandonarán la comisión de derechos humanos del consistorio. Ante este anuncio, Bildu contestó que no tolerarán amenazas, ni que se conceda mayor importancia «a unos derechos humanos que a otros».

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, anunció que ordenará a la Abogacía del Estado que recurra la subvención para impedir «que se exalte la personalidad de terroristas y se humille a sus víctimas». A su juicio, es «evidente» que ese respaldo económico vulnerara la ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.