Las urnas y papeletas del 9-N se distribuyeron tras la suspensión del Tribunal Constitucional

La distribución de las urnas y las papeletas en los centros educativos para la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014 se efectuó una vez esta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Se produjo durante los dos días anteriores a la votación, el 7 y 8 de noviembre, según ha certificado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la empresa que transportó el material. Este dato avala la tesis de la fiscalía de que se continuó con los preparativos de la consulta alternativa a pesar de que el Tribunal Constitucional la había suspendido y ordenado detener todo tipo de actuaciones.

La empresa Sertrans Catalunya ha remitido al juez del TSJC que instruye el proceso por presunta desobediencia el contrato y aceptación del presupuesto sobre la distribución de material firmado por el Centre d'Iniciatives per la Reinserció (CIRE) de la Generalitat, que fabricó las urnas y las papeletas en un centro penitenciario.

La mercantil también ha aportado la factura (el coste fue de 20.214 euros) y el albarán de los servicios de distribución prestados, el listado de la recogida del material en los diferentes lugares y las 28 rutas que se diseñaron para su entrega. En ese documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se especifica que el reparto a los centros educativos se realizó el 7 y 8 de noviembre, días después de que el Constitucional decretara la suspensión de la consulta alternativa.

LA PUBLICIDAD

Por su parte, el departamento de Presidència de la Generalitat también ha respondido a la petición del TSJC de que le entregara el expediente completo sobre la contratación en medios de comunicación y otros soportes de publicidad institucional para informar sobre el proceso participativo. El acuerdo, según señala esta documentación, se realizó por la vía de urgencia. El presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, era de 813.942 euros. Al final se adjudicó el servicio a Media Planning Group. El TSJC ha solicitado ahora que se identifique y se justifiquen los medios de pago.

La asesoría jurídica del departamento de Presidència, según consta en el proceso judicial, dio el visto bueno al expediente administrativo. “Esta asesoría jurídica considera que el objeto del contrato de la inserción en los medios de comunicación de una campaña institucional para informar sobre el proceso de participación ciudadana mediante contrato derivado de urgencia se adecúa al ordenamiento jurídico”, dictaminó.

INFORMES JURÍDICOS E INFORMÁTICA

El TSJC ha vuelto a requerir a la Generalitat que les remita los informes jurídicos internos y externos encargados por cualquier departamento sobre la consulta del 9-N. La Conselleria de Presidència no presentó ninguno de interés. Asimismo, los fiscales encargados del caso, Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled han solicitado al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil que haga un dictamen técnico sobre los programas y aplicaciones informáticas utilizadas para las votaciones y respecto “a las indicaciones o referencias a la Generalitat de Catalunya a través de logotipos, nomenclaturas o accesos directos”.