Las plebiscitarias y el referéndum

Ayer el president convocó unas elecciones autonómicas -las undécimas desde la recuperación de la autonomía- que pretende que sean plebiscitarias y sustituyan al referéndum que quiso hacer en el 2014 y que no se pudo celebrar. Cada uno puede dar a las elecciones la interpretación que más le guste, pero, como dice el decreto de convocatoria, estas son autonómicas. Las plebiscitarias no existen legalmente y quienes las defienden como tales ni siquiera están de acuerdo sobre el resultado requerido.

Mientras oficialmente la lista llamada unitaria sostiene que el sí ganaría con la mayoría absoluta de los diputados, aunque obtenga menos del 50% de los votos, algunos políticos separatistas afirman que se precisaría tanto la mayoría absoluta de escaños como de sufragios.

Y es curioso que la última manifestación en tal sentido no sea de algún independentista moderado, sino de David Fernàndez, portavoz de la CUP y el político catalán más valorado en todas las encuestas. ¡Curioso que Fernàndez tenga una posición más equilibrada respecto a las plebiscitarias que el número cuatro y candidato a presidente de la llamada lista unitaria!

Pero el fondo de la cuestión es que se basa la legitimidad de las plebiscitarias en que no se pudo hacer el referéndum de autodeterminación que, dicen, es un derecho natural. Cierto que en todas las encuestas la mayoría de los catalanes apoya el llamado derecho a decidir. Es un dato que sería estúpido negar. Pero este derecho no está reconocido en la Constitución de ningún estado democrático y la carta de la ONU lo admite solo para las colonias. Es obvio que Catalunya no es una colonia porque los catalanes votaron la Constitución del 78 -con más entusiasmo que los españoles- y, además, lo hacen cada cuatro años y nunca ha ganado una candidatura con la independencia en el programa.

Sí, el federalismo canadiense ha permitido dos referéndums. Pero tampoco han solucionado el problema, sino que han forzado una ley de claridad (confusa porque no fija el porcentaje necesario de síes) para el caso de un tercer referéndum. Canadá admite y constitucionaliza, pues, el referéndum de una provincia para separarse del Estado. Pero es una excepción mundial.

Y cierto también que en el Reino Unido hubo el referéndum del 2014. Por eso Mas ha descalificado al Gobierno español diciendo que no se comporta como Cameron. Aparte de que España no es Gran Bretaña (allí la tradición del parlamentarismo ha dominado desde la Carta Magna del siglo XIII), la situación escocesa era diferente. En las elecciones autonómicas del 2011 (las cuartas desde la recuperación de la autonomía), el Scottish National Party, con un programa claramente independentista y la exigencia del referéndum, ganó las elecciones con mayoría absoluta (69 diputados sobre 129). Entonces Cameron aceptó negociar el referéndum del 2014, tres años después.

No es lo mismo que aquí. No solo porque Rajoy no es Cameron, sino porque las elecciones del 2014 las ganó CiU, sí, pero perdiendo doce diputados (el SNP subió 23 escaños en el 2011) y sin programa independentista. Y con un puñado de diputados de Duran Lleida en la lista.

Por la directa

Artur Mas podía teatralizar la exigencia de un referéndum, pero perdiendo gas y, con la mayoría absoluta del Partido Popular, era tanto como pedir la Luna. Por el contrario, si ahora las dos candidaturas independentistas suman la mayoría absoluta, el separatismo podría exigir el inicio de la negociación de un referéndum con la misma legitimidad que el SNP en el 2011. Pero ahora ni Mas ni Junqueras exigen el referéndum, sino la independencia. Por la directa. El SNP les debería regalar un cursillo.