Las autonomías presentan hoy sus planes de ajuste bajo la amenaza de intervención

Lascomunidades autónomas presentarán este lunes --día en que termina el plazo dado por elMinisterio de Hacienda-- sus planes de saneamiento que les permitan cumplir elobjetivo del 1,5% de déficit que les exige el Gobierno central para este año, unos planes que de no cumplirse pueden desembocar en laintervenciónde la autonomía incumplidora transcurridos seis meses.

Ministerio y autonomías se reunirán dentro de unos días en el marco delConsejo de Política Fiscal y Financiera y es en este foro donde se diráquién aprueba y quién debe tomar aún más medidas para llegar a ese déficit comprometido. Para entonces, ya estará en vigor la ley de estabilidad presupuestaria, la que abre la puerta a que una autonomía sea intervenida por Hacienda para obligarla a ajustarse a ese 1,5%.

Tanto el ministroCristóbal Montoro como el secretario de Estado de Administraciones Públicas,Antonio Beteta, han intensificado las advertencias a las comunidades autónomas. Montoro subrayó el miércoles en el Senado que es el país el que "está en juego" y que por ello su departamento no dudará con las autonomías "no encarriladas".

Aviso a Catalunya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha defendido esta semana la necesidad de ejercerpolíticas de austeridad y las reformas para crecer en el futuro, y ha instado a las comunidades y, en concreto, a laGeneralitat de Catalunya, a hacer "política con mayúsculas" en un momento "muy difícil".

Los planes de ajuste implicarán un ahorro total de 10.000 millones de euros, a los que deberán añadir otros 10.000 millones que se van a recortar en sanidad (7.000) y educación (3.000).

Según distintas fuentes, seis planes han sido devueltos.En el caso de Catalunya y Andalucía, por incluir ingresos procedentes del Gobierno central que, de momento, no prevé abonar, y en el de Madrid, Hacienda ha encontrado "leves observaciones" a sus cuentas. ElGovern amenaza con seguir incluyendo los 219 millones de euros que le adeuda el Gobierno central en cumplimiento de la liquidación del 2009 de la disposición adicional tercera del Estatuto, y que no están incluidos en los Presupuestos del 2012.

El Ejecutivo catalán ha advertido de que de los 10.000 millones que el Gobierno central exige a las comunidades de reducción en sanidad y educación, a Catalunya le corresponderían 1.500, pero que, como máximo, con las medidas ya adoptadas podrá recortar 150 millones, 118 en sanidad.

Cuentas sin presentar

Por lo que respecta al resto de autonomías, laJunta de Andalucía aún no ha presentado las cuentas, pero ya ha hecho una retención de crédito de 2.696,8 millones de euros del ejercicio 2012 debido a la reducción de las transferencias estatales. Mantiene el objetivo de déficit previsto por el Gobierno y las prioridades de gasto social, aunque de la no disponibilidad acordada y su reparto en las distintas políticas se concretará una vez se constituya el nuevo Ejecutivo andaluz.

Muchos gobiernos autonómicos no desvelan sus cuentas, ya que están ultimando sus planes, como los deLa Rioja o Galicia, y de otros se conocen algunas decisiones que van tomando, como la de laGeneralitat Valenciana, que ha admitido que la reconversión del sector público afectará a más de 5.000 empleados.

La Junta deCastilla y León reconoce que su plan contiene medidas que afectarán a la educación y la sanidad, y el deMurcia ha aprobado un reequilibrio en sus cuentas por un importe de 623 millones de euros, de los que 219 proceden de la obtención de nuevos ingresos por vía impositiva y venta de inmuebles y 404 de recorte del gasto.

ElGobierno vasco asegura que, a primeros de mes, ha presentado el plan, y que el Ejecutivo central ya le ha enviado la comunicación de que todo está correcto y que no tienen que hacer cambios.Navarratambién lo ha remitido y Hacienda, "de momento", no les ha pedido modificaciones.

También este lunes concluye el plazo para que las comunidades que se han acogido al plan de pago a proveedores entreguen un plan de ajuste en el que detallen cómo van a devolver las cantidades que pidan. Todos los gobiernos regionales salvo los de Galicia, País Vasco y Navarra van a pedir dinero para pagar las facturas pendientes.