La justicia investigará a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia el 9-N

Artur Mas y Miguel Forns, alcalde de Sitges, ayer, en el Museo Maricel.

Artur Mas y Miguel Forns, alcalde de Sitges, ayer, en el Museo Maricel.

J. G. ALBALAT BARCELONA

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) investigará al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional por el proceso participativo del 9-N. El pleno extraordinario de la Sala Civil y Penal del alto tribunal, formado por seis magistrados, acordó ayer por mayoría y tras cuatro horas de deliberación admitir a trámite las denuncias y querellas, entre ellas la de la fiscalía, vinculadas a la consulta alternativa y «los hechos que, de manera directa o indirecta, están relacionados», según los jueces.

El comunicado emitido por el TSJC menciona la presunta desobediencia cometida tras la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre, que suspendió la consulta soberanista del 9-N, por lo que quedan descartadas actuaciones anteriores. Sin embargo, no cierra la puerta a investigar otros delitos, como la prevaricación administrativa (resolución injusta), malversación de fondos públicos y usurpación de funciones, como expone la querella de la fiscalía. En esa demanda se acusaba a Mas, Ortega y Rigau de «haber planificado, auspiciado o financiado» la votación y desplegar una «conducta incompatible» con la orden de suspensión del Constitucional.

El abasto de las pesquisas se concretarán en los autos de admisión a trámite de las denuncias y querellas, que serán notificados a partir del 8 de enero. El pleno acordó que todas las acciones penales que han llegado al TSJC sobre el 9-N y que implican a los tres aforados se acumulen en el procedimiento más antiguo y que corresponde a la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Por ello, será el magistrado Josep Manuel Abril, designado por el Parlament como magistrado del TSJC, quien dirigirá la instrucción, aunque inicialmente la querella presentada por la fiscalía acabó (de acuerdo con las normas de reparto) en manos del juez José Francisco Valls, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Josep Manuel Abril ha instruido también el proceso abierto contra el diputado del PSC Daniel Fernández, imputado por tráfico de influencias.

El TSJC no ha admitido las querellas y denuncias contra la presidenta del Parlament, Núria De Gispert, ni los miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Lluis Corominas (CiU), Josep Rull (CiU) y David Companyon (ICV-EUiA). Tampoco las presentadas contra el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, el portavoz, Francesc Homs, y Oriol Junqueras.

No en todos los puntos hubo coincidencia entre los magistrados y el debate fue intenso y hubo votaciones. La presunta desobediencia es la que unió más. Contra la admisión a trámite cabe recurso ante el mismo TSJC.

LAS REACCIONES / Antes de conocerse la decisión, Mas dijo que «no se entiende» que le lleven a los tribunales por haber puesto las urnas. Tras el acuerdo, el Govern, por boca de Joana Ortega, mostró su «convencimiento» de que se actuó «democráticamente y de acuerdo a la legalidad».

El expresidente José Montilla se ofreció como testigo de la defensa y calificó de error la acción contra Mas, mientras la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) anunció una campaña de autoinculpaciones. Y Junqueras afirmó: «Si atacan al Govern, nos atacan a todos». Su partido se apuntó a las autoinculpaciones. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se preguntó por qué la fiscalía no investiga las «muchas veces que el Gobierno del Estado ha incumplido sentencias del Constitucional. Encontrarán querellables». El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, reiteró que el Ejecutivo «respeta» la decisión del Tribunal Superior.