Justicia destinará 14 millones a rehabilitar la Audiencia Nacional

El Ministerio de Justicia cierra estos días los flecos para acometer una ambiciosa reforma de la Audiencia Nacional. La obra comenzará en septiembre, está previsto que dure dos años, y cuenta con un presupuesto inicial de casi 14 millones de euros. El presidente de este órgano, Ángel Juanes, se ha empleado a fondo en este proyecto. La mayoría de los jueces apoyan la costosa obra porque el edificio «ya no da más de sí», pero hay funcionarios que se preguntan si solo servirá para dar «cobijo confortable a unos magistrados».

Cuando Juanes llegó a la Audiencia, en el 2009, se puso como meta la reforma del edificio que alberga esta institución, un bloque con 32 años de existencia. La inspección de trabajo encendió las alarmas en marzo del 2011 al ordenar el cierre de la sede por no reunir las mínimas condiciones de higiene y seguridad. Unos parches le han permitido prolongar hasta la fecha su actividad.

El Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Francisco Caamaño, publicó en octubre del 2011 en elBOEel contrato de rehabilitación de la Audiencia. La obra fue adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un presupuesto de 13.949.669,39 euros. El proyecto se aplazó tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al ministerio, aunque finalmente verá la luz en las mismas condiciones.

DOS PROYECTOS/ El pasado 17 de mayo, el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, recibió en su despacho al presidente de la Audiencia Nacional, al presidente de la sala penal, Fernando Grande-Marlaska, a los presidentes de las cuatro secciones de lo penal, al juez decano, Santiago Pedraz, y al secretario de Gobierno de la Audiencia, Luis Martín Contreras. En el encuentro, se presentaron dos proyectos de rehabilitación, pero uno de ellos fue rechazado porque no resolvía los problemas de espacio, según fuentes presentes en la reunión. El elegido es «más ilusionante y reúne mejores condiciones de seguridad», según Juanes.

Lo cierto es que el proyecto supera todas las expectativas. El actual edificio de la Audiencia está ubicado encima de un aparcamiento público y linda con las sedes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La concesión de este parking vence el próximo noviembre, y el Ayuntamiento de Madrid cederá tres de sus plantas subterráneas a la Audiencia para edificar en ellas salas de vistas, salas de declaraciones, calabozos y el archivo.

Esta construcción permitirá disponer en esta sede judicial de los llamados pasillos de «doble circulación», que impiden a los jueces y víctimas coincidir en el mismo espacio físico con los imputados, como pasa ahora en los ascensores.

NUEVE PLANTAS/ El nuevo edificio se conectará con la Audiencia a través de una pasarela. La actual sede, que pasará de ocho a nueve plantas, se destinará solo a personal y en ella se habilitarán despachos para ocho jueces centrales (seis de instrucción, el de penal y el de vigilancia penitenciaria), 18 magistrados de la sala penal (ahora la plantilla es de 20), 16 secretarios judiciales, 280 funcionarios, 160 policías (aunque el cese del terrorismo reducirá el servicio de escoltas), la fiscalía, la abogacía del Estado, además de las salas de prensa.

Mientras duren las obras, la Audiencia se trasladará a las oficinas de la calle de Prim (a 500 metros de la sede central, en la calle Génova) que será desalojada a finales de junio para trasladarse a su nuevo edificio en la calle de Goya (a 600 metros de Génova). En estos momentos, en Prim se están habilitando dos salas de vistas y tres calabozos, aunque los juicios penales se celebrarán en otro edificio a las afueras de Madrid.

El presidente de la Audiencia es consciente de que esta obra puede levantar suspicacias en un momento delicado para la economía, aunque defiende que es necesaria para la nueva etapa. En declaraciones a EL PERIÓDICO, Juanes revela que un próximo pleno de la sala penal decidirá qué nuevas competencias va a reclamar para este organismo. En el último año, la actividad de la Audiencia ha disminuido notablemente tras el fin de ETA y el cese de la violencia callejera.

LAS CRÍTICAS/ Los jueces, por su parte, expresan su preocupación por la mudanza, pero confían en que la obra resuelva los actuales problemas de espacio. Otras fuentes, que han pedido mantener el anonimato, cuestionan la reforma si solo sirve para que «los jueces seanjuezones» y temen que todo este dispendio no se destine a mejorar la calidad del servicio, es decir, que «no se piense, de nuevo, en el ciudadano».