Junts pel Sí y la CUP registran la segunda ley de desconexión tras el desafío al TC

48 horas después del desafío del Parlament al Tribunal Constitucional con el proceso constituyente, Junts pel Sí y la CUP han querido demostrar que la hoja de ruta sigue adelante registrando en la Cámara catalana la segunda de las tres leyes de desconexión, la del código tributario de Catalunya. Se trata de la norma que debe crear una administración tributaria propia y se presenta también dos días después de que los dos grupos independentistas tramitasen la primera ley de ruptura, la que contempla una agencia catalana de protección social.

El proyecto presentado este viernes define ya el esqueleto de lo que debería ser la futura hacienda catalana, con tres organismos principales: la Agència Tributària de Catalunya, la Junta de Tributs y el Consell Fiscal. Junts pel Sí y la CUP han concluido los trabajos de la ponencia conjunta y han registrado ya la proposición de ley, que deberá superar el primer filtro después de las vacaciones para iniciar el debate en comisión. Una de las principales novedades del texto es la incorporación del Consell Fiscal, que estaría formado por el sector público y el sector privado, que asesoraría al Govern y que ahora mismo no existe en el modelo tributario español.

Las denominadas "leyes de le desconexión" tienen como objetivo, según sus impulsores, situar a Catalunya "a las puertas de la independencia". Con estos mimbres, la ley de hacienda propia -ahora llamada de administración tributaria para evitar impugnaciones del Estado-, la de protección social y la de transitoriedad jurídica -ahora llamada de régimen jurídico catalán- serían los cimientos de las estructuras de Estado. Pendiente queda, por ahora, conocer los detalles de la ley de transitoriedad jurídica, pieza clave en una hipotética independencia, al ser la encargada de regular la transición jurídica y legal.

LA AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La proposición de ley de creación de la agencia catalana de protección social sigue su curso tras haber rechazado el Parlament las enmiendas a la totalidad que habían presentado Ciudadanos y el PPC y también la conjunta del PSC y Catalunya Sí que es Pot, que planteaba un texto alternativo.

La iniciativa, aún por aprobar en su redactado definitivo, crea la agencia catalana de protección social, organismo que desplegaría el operativo del sistema de protección social catalán -contemplado en el Estatut- y tendría la gestión centralizada de las prestaciones sociales, gestionaría los recursos del sistema de servicios sociales y representaría el gobierno a las instituciones internacionales en materia de protección social.