Los escándalos económicos
La Junta eleva a 15,3 millones las ayudas sin justificar que recibió la UGT
Por qué confiar en El Periódico La Junta de Andalucía ha elevado a 15,3 millones de euros la cantidad que recibió UGT por diversas ayudas públicas en los últimos años y que no se ha justificado debidamente o bien presenta otras irregularidades. Inicialmente, esa será la cifra que el Ejecutivo de Susana Díaz reclamará que el sindicato reintegre de forma íntegra a las arcas regionales.
La central autonómica no ha logrado convencer a los funcionarios de la Administración con respecto a cinco expedientes, los cuales ya tienen una propuesta de resolución en firme exigiendo la devolución de 4,9 millones de euros. A esta cifra, según anunció ayer por la mañana en comisión parlamentaria el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, se suman ahora otros 10,4 millones de euros bajo sospecha sobre los que UGT todavía tendrá posibilidad de alegar y presentar nueva documentación justificativa. Según el consejero, las irregularidades, detectadas en 21 expedientes, no responden a la intención de hacer una «causa general» contra el sindicato, sino al resultado de una investigación que se ha prolongado más de un año para indagar sobre un caso que había generado «alarma social».
La revisión interna de la Junta de Andalucía no es la única que pone en apuros al sindicado, cuyos máximos dirigentes en los últimos 15 años, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, han sido ya citados a declarar en los próximos días por un juzgado de Sevilla que investiga la supuesta financiación ilegal de UGT-A mediante el desvío de fondos públicos para subvenciones con facturas falsas.
CURSOS DE FORMACIÓN / También la titular del juzgado número 6 de la capital andaluza, Mercedes Alaya, investiga la participación del sindicato en el desvío de fondos públicos para cursos de formación impartidos por empresas del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, así como el cobro de sobrecomisiones por participar en la tramitación de las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía sin haber prestado ningún servicio que justificara esos cobros.
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