La Junta no descarta tener que pagar la defensa de los altos cargos imputados en los ERE

La fiscalía insta a la jueza a fijar un calendario "razonable" de declaraciones para evitar la indefensión de los imputados

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, este martes, 9 de julio, en Sevilla. EFE / JULIO MUÑOZ

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, este martes, 9 de julio, en Sevilla. EFE / JULIO MUÑOZ

JULIA CAMACHO / Sevilla

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LaJunta de Andalucíaabrió la puerta a correr con los gastos de la defensa jurídica de los altos cargos y funcionarios de la administración imputados en elcaso de los EREfraudulentos que lo soliciten, según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo Regional en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Pese a que está personada en el caso como acusación particular, el reglamento interno de la Junta contempla esta posibilidad si los imputados que estén aún en activo lo piden y los propios servicios jurídicos de la Junta lo estiman oportuno. Tambíen sería necesario contar con la autorización de la consejería pertinente.

Según establece dicho reglamento, la Junta podrá hacerse cargo de la defensa, ya sea a través de los servicios jurídicos internos o de un letrado externo, de un imputado en una causa judicial siempre que lo sea por una actuación en el ejercicio de sus funciones o por orden de sus superiores. En los casos en los que hubiese incompatibilidad por la posición procesal de la Junta, se asumirían los gastos de una defensa externa. El hecho de que el PP fuera parte acusatoria y "sujeto investigado" a la vez supusola expulsión del partido conservador en el proceso que se sigue por el 'caso Gürtel''caso Gürtel' y tambiénde la causa sobre la presunta contabilidad B del PPcontabilidad B.

"Es lo que dice la normativa", subrayó el portavoz del ejecutivo, Miguel Angel Vázquez a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. En un comunicado, la Junta matizó horas después que aún no se ha contemplado la posibilidad porque los implicados no lo han requerido dado que ni tan siquiera han recibido aún el auto judicial de la juez Mercedes Alaya, que solo conocen por los medios de comunicación. Y recordó que existe una protección jurídica similar en la administración central, recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

Según explicó el Ejecutivo autonómico, hasta el momento el caso roza el centenar de imputados, muchos de ellos exaltos cargos de la administración, pero solo se ha hecho cargo de la defensa del exdirector general de Empleo Daniel Rivera, porque "así lo estimó conveniente el Servicio Jurídico", que ha pedido imputación y afianzamiento de varios exdirectivos de la Junta. Una iniciativa similar ya supuso la expulsión del PP en el proceso que se sigue por el caso Gürtel.

El anuncio de la Junta se produce una semana después de quela jueza Mercedes Alaya imputara a una veintena de altos y exaltos cargos de la administraciónMercedes Alaya, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia,Antonio Lozano, junto a la exministra de FomentoMagdalena Álvarez o el exinterventor generalManuel Gómez. Además de Lozano, en la actualidad siguen vinculados a la JuntaJuan Luque Alfonso, interventor delegado de la Consejería de Empleo;Antonio Valverde Ramos, director general de la agencia pública Idea, yJesús María Rodríguez Román, consejero delegado de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S. A. (Veiasa).

FUNCIONARIOS HONORABLES

Según explicó el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, la Junta "quiere andar con pies de plomo" en este asunto, por lo que la institución no se plantea recurrir el auto judicial y dejará que sean los propios afectados quienes adopten esta decisión. No obstante, ha defendido el derecho de cualquier administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con un auto. En este sentido, repitió la tesis esbozada durante la semana pasada acerca de que la medida de la juez Alaya "es perfectamente recurrible" y que señala a "personas honestas y honorables que han hecho un buen servicio a Andalucía".

Vázquez, que asegura no ver motivos para una imputación del presidente José Antonio Griñán o la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha señalado además que según "importantes juristas" el auto tiene "cierta inconsistencia" y parece "querer imputar delitos que no existen en el Código Penal".

CITACIONES "RAZONABLES"

En este sentido, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez Alaya que fije cuanto antes un calendario "razonable" de declaraciones para los últimos imputados para poder concretar los hechos que se les imputan, ya que de momento solo ha sido citado el exinterventor. La fiscalía parece querer curarse en salud para evitar que, como ya ocurre, haya imputados que desde hace tres años esperan para prestar declaración, Y argumenta la "necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa, garantizando los derechos y garantías de todos los imputados".

En su escrito ante el juzgad de instrucción 6, el ministerio público vuelve a instar a la juez Alaya a que, dada la "complejidad y extensión del caso", acelere las diligencias y se apoye en el juez de refuerzo, una idea que la magistrada ha descartado de plano en otras ocasiones. Y como hace dos años, le reclama que a través de la Cámara de Cuentas o de la Intervención general del Estado se cuantifique en un informe el "el quebranto producido en los fondos públicos" de la Junta. Este documento pericial permitiría conocer con exactitud las personas o entidades que “habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas”.

RECHAZO PLENO MONOGRAFICO

Mientras la vía judicial del caso ERE sigue su curso, la política sigue estancada. PSOE e IU rechazarán en la Diputación Permanente la celebración de un pleno urgente en el Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, como solicita el PP a raíz de las nuevas imputaciones al entender que ese último auto judicial señala directamente al Gobierno.

Los socios de gobierno han adelantado la postura que mostrarán en la reunión del próximo jueves. Los socialistas apuntan que se trata de un tema que ha sido debatido en numerosas ocasiones en la Cámara, mientras que IU señala además que la instrucción judicial no puede marcar el ritmo parlamentario.