El PP y su tesorera serán juzgados por destruir los ordenadores de Bárcenas

El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del banquillo de los acusados por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que guardaba en la sede del partido, en la madrileña calle Génova, su extesorero Luis Bárcenas.

El PP, que estrenó la condición de imputado de los partidos políticos en este procedimiento, se convertirá así en el primero en ser juzgado penalmente, pese a que lo intentó todo para evitarlo, como recusar en dos ocasiones a la jueza instructora, Rosa Freire.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos presentados tanto por ellos como por la fiscalía, contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa (equivalente al de procesamiento en los sumarios), en el que se proponía sentar en el banquillo al partido y sus responsables por los delitos de daños informaticos y encubrimiento. Ya no quedan más recursos de cara a la vista oral.

El auto rechaza los argumentos del fiscal y de las defensas, que propugnaban la nulidad de la causa, basándose en una supuesta falta de elementos precisos para que siguiera adelante, y la necesidad de realizar nuevas diligencias de investigación. 

El tribunal considera que hay indicios suficientes para entender que se pudo haber cometido un delito de daños informáticos, previsto en el artículo 264.1 del Código Penal, y otro de un delito de encubrimiento, del artículo 451.2. Considera que "lo cierto es que Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y que lo hizo por orden de Durán, según este también refiere". Navarro "indiciariamente ordenó o permitió esta acción", añade.

Evitar dar datos a la Audiencia

Con ese borrado "se impidió la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia", como era dar respuesta al requerimiento de información realizado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba los 'papeles de Bárcenas', donde concluyó que el PP se había financiado a través de una caja B durante al menos 18 años.

Será así en el juicio donde se determinará si, con independencia de la existencia de un protocolo para el borrado de ordenadores del partido como tal o de una práctica habitual, "la intención de los investigados fue en realidad ocultar ciertos datos existentes en los equipos, que pudieran contener datos vinculados con una investigación" de la que pudieran deducirse elementos que resultaran perjudiciales a los intereses del PP.

La reacción del PP

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, tras conocer la decisión judicial, señaló que la "respeta" pero no la "comparte" y se escudó en que la fiscalía no acusa para sostener que el procedimiento judicial "acabará bien porque evidentemente no existe ningún tipo ilícito penal en el comportamiento de los miembros del PP".

Argumenta que el caso ha sido impulsado por "dos clásicos" de las acusaciones populares: Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que, a su juicio, actúa en "complicidad con el PSOE", en función de intereses "partidistas", con el único objetivo de dañar al PP.