EL EXPOLIO DE UNA INSTITUCIÓN

Millet confirmará la versión de los Montull que implicarán al extesorero de CDC

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J. G. ALBALAT / BARCELONA

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La premisa que ha exigido la fiscalía para pactar con Jordi Montull y su hija GemmaJordi Montull  Gemma es que reconocieran todo lo que exponía en su escrito de acusación y, sobre todo, la financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC), que figura como responsable civil a título lucrativo por el presunto pago por parte de Ferrovial de comisiones ilegales del 4% a través de la entidad. En total: 6,6 millones de euros. Este miércoles está previsto que este acuerdo sea ratificado en el juicio que se está celebrando contra 15 investigados por el saqueo del Palau de la Música.

El expresidente del auditorio, el también acusado Fèlix Millet, confirmará la versión de los Montull que, de entrada, implicararán en la trama al extesorero del partido, Daniel Osàcar, y directa o indirectamente al partido nacionalista. Millet, eso sí, se desvinculará de las finanzas de la institución. En su declaración del 2009 fue muy claro: "El que lo sabe todo es Montull".

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona quiere exigir que el Consorcio del Palau de la Música (integrado por el consistorio, el Ministerio de Cultura y la Generalitat) retome la acusación contra CDC, alineándose con el fiscal. El representante municipal en el consorcio, Juan Llinares, ha remitido una carta solicitando una reunión para debatir este asunto.    

Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau, será quién llevará la voz cantante y es la principal beneficiaria del acuerdo. El fiscal Emilio Sánchez Ulled le rebaja los 26 años de prisión que le reclama a tres años. Uno de ellos sustituible por una multa, por lo que evitaría su ingreso en la cárcel. Su padre, Jordi Montull, exdirector administrativo de la entidad y del que dependía Gemma, confirmará lo que ella diga. Desde que los principales responsables de la institución fueron imputados, su objetivo siempre ha sido salvarla. Y está a punto de conseguirlo.

Pero para ello, Gemma Montull deberá ofrecer detalles sobre el extesorero del CDC, y explicaciones sobre los documentos hallados en el Palau que implicaban a este exalto cargo convergente y al mismo partido. Otra cuestión es el papel que jugará Millet. Fuentes de su entorno han asegurado que ratificará la versión de los Montull, no les contradecirá ni entrará en guerra con ello.

Está previsto que, al menos, conteste a su abogado, Abraham Castro. En estos casos, lo lógico es que primero hable Gemma, su padre y después Millet. El fiscal pide para Millet y Jordi Montull 27 años y medio de cárcel. Osàcar, según las fuentes consultadas, también se ha aproximado a la fiscalía, pero finalmente ha desistido de intentar llegar a un pacto.  

LA CONFESIÓN

Si Gemma Montull quiere beneficiarse de la rebaja acordada con el fiscal debe confesar no solo que su familia se apropió de fondos del Palau, sino que Ferrovial, como sostiene la acusación pública, "efectuó cuantiosos pagos" a CDC "para garantizarse "un caudal relevante de adjudicaciones de obra pública" por parte de los gobiernos de CiU. Los documentos hallados en el auditorio señalan a la adjudicación de la Ciutat de la Justícia y de la línea 9 del metro de Barcelona, entre otros proyectos.

El desvió de fondos a CDC supuestamente empezó cuando Carles Torrents (fallecido en el 2005) era tesorero del partido y siguió, según esta versión, con su sustituto, Osácar. El fiscal expone que los que eran tesoreros de CDC recibieron el apoyo "de otros altos responsables del partido no identificados" para mover "el ánimo" de miembros de Convergència que podían influir en la adjudicación de obras públicas. ¿Gemma Montull identificará a esos personajes desconocidos?

El fiscal destaca que Millet, junto con Jordi Montull, facilitó el contacto entre directivos Ferrovial y CDC, y "medió" en las "ilícitas comisiones". Incide en que no solo se hicieron entregas en efectivos o  a través de convenios "mendaces" con la fundación del partido, Trias Fargas (ahora CatDem). El "pacto criminal", como lo denomina el fiscal, se inició en1999 o 2000 y se prolongó hasta el 2008-2009. Millet y Montull, según la acusación, se quedaban con un porcentaje de las comisiones. Otra rama de financiación ilegal, según la fiscalía, es la "sistemática confección de facturas falsas" giradas al Palau pero que servían para pagar gastos de CDC.