La jueza pide investigar al presidente de Murcia por cuatro delitos de corrupción

El juzgado número uno de Lorca ha pedido este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investigue al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, del PP, por los presuntos delitos de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el llamado 'caso Auditorio'. La jueza indaga, a instancias de una denuncia presentada por la fiscalía, en la adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de este municipio.

En un auto, la titular del juzgado lorquino ha elevado una exposición razonada al tribunal superior, en la que considera que los hechos atribuibles al presidente pueden ser constitutivos de los citados delitos.

El fiscal de delitos urbanísticos de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, argumentó en su escrito que queda demostrada la participación de Sánchez "en todos y cada uno de los hechos relatados (...), siendo por ello perfecto conocedor de los mismos".

Los presuntos delitos se habrían cometido en el concurso de ideas convocado para el proyecto del auditorio, en la ejecución de las obras y en lo relativo a una subvención de la comunidad autónoma. "Las cantidades que no se destinaron al pago de la obra se computan en 1,8 millones de euros", recalca la jueza.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el tribunal superior previsiblemente acogerá la exposición razonada porque el juzgado de Lorca ha practicado a lo largo de un año numerosas diligencias que apuntalan sus argumentos. Entre estas diligencias se encuentra un documento de la Intervención General del Estado que reseña la comisión de numerosas irregularidades.

EL PP DENUNCIA "ACOSO"

El PP ha reaccionado a la información denunciando el "acoso" en los tribunales que está sufriendo Pedro Antonio Sánchez. El portavoz conservador en el Congreso, Rafael Hernando, ha recordado que Sánchez ha sido ya imputado y desimputado en varias ocasiones, por lo que ha apelado a la presunción de inocencia.

Hernando ha subrayado que en este caso, el presidente murciano todavía no está investigado por ningún delito, por lo que no se le puede aplicar el pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos, que le obligaría a dejar el cargo.