La jueza que investiga la trama de los ERE pagados con dinero público en Andalucía continúa estrechando el cerco contra el Gobierno autonómico. Mercedes Alaya ha imputado ahora a otro exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, que asumió el cargo entre el 2008 y el 2010, por haber mantenido el sistema de ayudas cuando supuestamente ya sabía de su ilegalidad.

Juan Márquez.

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Información publicada en la página 19 de la sección de Política de la edición impresa del día 04 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Márquez sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 de marzo y considerado hasta ahora el principal implicado en el caso. Según la juez, cuando asumió su puesto, y pese a contar con sendos informes negativos de dos prestigiosos bufetes que alertaban de la falta de controles, aprobó 114 prejubilaciones o ayudas sociolaborales y otras 17 ayudas directas por un montante total de 154 millones. Muchas de las ayudas fueron a parar a su provincia natal, Huelva.

«Permitió un uso abusivo de fondos públicos» que en muchos casos acababan en manos de personas próximas a la Junta o el PSOE, le explicó ayer Alaya al imputarle cuatro delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad documental y omisión del deber de perseguir el delito.

Fuentes del caso explicaron que, durante la primera jornada de interrogatorio, Márquez reconoció que ni siquiera se leyó el convenio marco que amparaba las ayudas. Fue en el 2009 cuando se percató de la ausencia de controles de seguimiento de las mismas y lo notificó al consejero y al viceconsejero de Empleo.

Asimismo, insistió en que su labor era puramente política, y no el control de la legalidad. Y recordó que cuando llegó al puesto fueron sus superiores quienes le explicaron que había que dar cobertura a los compromisos ya adquiridos por Guerrero, lo que supuso incluso completar los expedientes de las ayudas que no los tenían.