LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO MERCURI'
La jueza indaga si Bustos ocultó un caso de soborno a un concejal
La jueza de Sabadell que instruye el llamado 'caso Mercuri' de presunta corrupción y tráfico de influencias ha abierto una nueva pieza separada ante los indicios de que el exalcalde Manuel Bustos pudo haber omitido su deber de perseguir un delito de soborno. La investigación ha permitido localizar una grabación que acreditaba que un empresario pagaba sobornos al exportavoz del PP en el consistorio Jordi Soriano y que el propio empresario utilizó para tratar de chantajear al gobierno municipal presidido por Bustos.
Según informó ayer la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la pieza separada, la número 33, se centra en una grabación que la policía localizó en el ordenador del presidente del Gremi de Constructors de Sabadell y tío de Bustos, Melquíades Garrido. El vídeo lo había grabado supuestamente el empresario José Ríos a fin de documentar el pago de comisiones a Soriano. Según los investigadores, Ríos envió posteriormente un lápiz de memoria con la grabación a Garrido y a Bustos con el propósito de hacerles chantaje e intentar obtener un trato de favor en las concesiones públicas.
CERRAR EL CÍRCULO
CERRAR EL CÍRCULO"Los Mossos aportaron un extracto de la grabación al juzgado y se decidió abrir una nueva pieza --explicó Raül Garcia Barroso, abogado de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció--. La conversación existía y es la conclusión para cerrar el círculo".
En la investigación se ha determinado que Ríos fue citado a una reunión convocada por Manuel Bustos en dependencias municipales en la que participaron también el jefe de la Policía Municipal de Sabadell, José Miguel Duran; el responsable del área jurídica del ayuntamiento, Marcel Galofré, y el exresponsable del área de urbanismo, Manuel Somoza.
El pretexto de la cita, que tuvo lugar el 3 de junio del 2010, era hablar sobre el vertido de tierras en una finca agrícola, pero, según se recoge en el acta de la reunión, en ella también se abordaron las presuntas amenazas de Ríos a representantes del ayuntamiento, las acusaciones de espionaje a concejales y a sus familias y la veracidad de los rumores de sobornos a Soriano. A juicio de la plataforma, el objetivo de la reunión era persuadir al empresario de que no denunciara nada.
La jueza considera que Bustos y los otros tres implicados pudieron haber omitido el derecho a perseguir un delito, y por ello ha abierto una pieza para investigar la actuación de las cuatro personas implicadas. El siguiente "paso natural", según los abogados de la plataforma, es su imputación.
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