La odisea judicial de los 35 detenidos por los incidentes del 25-S no ha terminado. La próxima semana, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid decidirá si envía al menos a seis de los arrestados a la Audiencia Nacional. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, es partidario de esta medida al considerar que han incurrido en un delito contra una institución del Estado, castigado con penas de prisión de tres a cinco años, por haber tirado unas vallas para dirigirse al Congreso. El resto de los detenidos seguirán imputados en los tribunales ordinarios por atentado y desórdenes.

La policía detiene a un manifestante, el pasado martes en Madrid. EFE / LUCA PIERGIOVANNI

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Información publicada en la página 21 de la sección de Política de la edición impresa del día 29 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Moix, en declaraciones a este diario, defendió la actuación de la jueza, que dejó en libertad a 34 detenidos e impuso una fianza de 1.000 euros a otro tras tomarles declaración el jueves, antes de pronunciarse si era competente o no para instruir la causa. «Había que tomarles declaración porque llevaban casi 48 horas detenidos», agregó el fiscal.

También cuestionó la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se inhibió de investigar estos hechos porque consideró que la policía les imputó delitos que «no son competencia» de esta sede judicial. No obstante, la policía remitió ayer a Pedraz una ampliación del primer atestado en el que incluye la comisión de un delito contra las instituciones del Estado, que sí que es competencia de su tribunal.

LOS MOTIVOS / El fiscal jefe adelantó que es partidario de este traslado porque estas personas han sido identificadas cuando intentaban burlar el cerco policial para acceder a la Cámara baja. Y recordó que Pedraz instruye un proceso contra los promotores del 25-S, a los que interrogará el próximo jueves.

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, opinó que el 25-S no le pareció que hubiera una toma del Congreso: «Me pareció el ejercicio legítimo por parte de los ciudadanos del derecho a manifestarse, a expresarse». Y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, respondió a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que el derecho de manifestación no está sometido a autorización previa. Botella se quejó el día anterior de la cantidad «ingente» de protestas autorizadas por Cifuentes.