La jueza de los ERE amplia la investigación al resto de consejerías que dieron dinero sin controles

La jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha dado la sorpresa y ha anunciado que amplía la investigación al resto de consejerías del Ejecutivo regional que emplearon el mismo sistema de concesión de ayudas -las transferencias de financiación- y por tanto dieron subvenciones "por distintos conceptos" sin ningún control ni fiscalización.

Aunque en sus últimas resoluciones la jueza auguraban que el fin de la investigación estaba cada vez más cerca, ahora parece desmentir sus propias palabras. El último auto de la jueza Mercedes Alaya se reafirma en la tesis de que sistema utilizado por la administración andaluza era irregular, y expresa sus sospechas que eran ciertas empresas las que se aprovechaban de esa fórmula, por lo que extiende las pesquisas no solo al pago de las prejubilaciones o ayudas directas que hacía la Consejería de Empleo sino también a las que les concedían en otras consejerías. Así, la instructora insta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que recabe numerosa documentación relacionada "con distintos avales y préstamos" concedidos por cualquiera de las consejerías de la Junta de Andalucía a 39 sociedades entre el 2001 y el 2011. Algunas de ellas ya están bajo la lupa por haber incluido 'intrusos' en sus expedientes de regulación de empleo.

"Inyección continuada"

En este sentido, la jueza se apoya en un atestado de la Guardia Civil que asegura que la empresa pública que ejecutaba el pago de las ayudas y que se financiaba con transferencias de distintas consejerías, "adoptó cuantiosos acuerdos para la concesión de ayudas excepcionales, de reestructuración y/o de salvamento, así como de incentivos, aplicando para ello diferentes instrumentos de apoyo tales como préstamos, garantías de préstamo y/o avales". Para Alaya, esto se traduce en que hubo "una inyección continuada y sistemática de fondos públicos" a ciertas empresas, por lo que trata de aclarar si las concesiones estuvieron basadas en criterios arbitrarios.

Alaya pone también el punto de mira en el exsindicalista Juan Lanzas, considerado uno de implicados clave en la trama, y sus posibles relaciones políticas. Y pide la Guardia Civil que identifique a través de su compañía telefónica a la persona que le envió un mensaje invitándole a felicitar por su cumpleaños "a su 'jefe', G.Z", y que la jueza sospecha que puede ser el exvicepresidente de la Junta y miembro de la ejecutiva federal del PSOE Gaspar Zarrías.