La jueza acusa a CCOO y UGT de financiarse irregularmente con los ERE de Andalucía

Los sindicatos UGT y CCOO se convirtieron en una pieza decisiva en la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, según la jueza instructora Mercedes Alaya. En el auto de prisión del dueño de una de las dos mediadoras implicadas, Uniter, la jueza apunta a que encontraron en la trama "una forma de financiación irregular" durante una década "al margen de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales". Un directivo de la otra mediadora vinculada al caso, Vitalia, señaló que ambas organizaciones usaban el pago de comisiones como "medida de presión" para mantener el negocio en el que acabaron convertidas las ayudas a empresas en crisis.

La noche del martes Alaya envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros a José González Mata, imputado por ocho delitos. Para la jueza, este directivo participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos" de la Junta de Andalucía con el concierto de altos cargos de la Administración. Entre estos citó al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Pero también a los sindicatos.

Según consta en el auto de prisión, en el uso ílicito de los fondos públicos también tuvieron una "actuación decisiva" UGT y CCOO, que realizaron labores de contacto e información previa sobre las empresas en crisis, facilitación del proceso y remuneración posterior por parte de las mediadoras o la propia empresa en crisis. Por esas labores, habrían cobrado 7,6 millones de euros.

"Pagos periódicos"

Aunque González Mata sí justificó en su declaración judicial que el dinero que abonó a los sindicatos era por las labores que realizaron, la jueza estima que habrían recibido "pagos periódicos" de las mediadoras, "los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio que los justificara".

Para la jueza, al menos "indiciariamente”, ambas organizaciones sindicales "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial". La tesis de Alaya se vió reafirmada este miércoles con la declaración del exdirector comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, ya encarcelado en marzo y puesto en libertad tras abonar una fianza de 600.000 euros.

Relación fluida con la Junta

Citado a declarar para ahondar en esta línea de financiación irregular de los sindicatos, UGT y CCOO tenían una relación "enormemente fluida" con los directivos de la Junta y cobraban cada uno el 0,5% en cada expediente "como medida de presión", ya que de no recibirlo amenazaban con no firmarlos y acabar así con el negocio en que acabaron convertidas las ayudas.

"Se presentaban en la empresa y decían que se iban a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacían otros costes actuariales y no los revisan", detalló. Por este motivo, las mediadoras "no tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación".