Una empresa, acusada de crear "ayuntamientos paralelos" para evitar el control público

La empresa de consultoría Efial montó "ayuntamientos paralelos" en una veintena de localidades de toda España, la mitad de ellas catalanas, para evitar el control público, según se desprende de las diligencias judiciales abiertas por el juez de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este proceso -la operación Termyca-, es una pieza separada del 'caso 3%' sobre el supuesto pago de comisiones de constructoras a Convergència. Sin embargo, en esta causa no aparece el extinto partido.

Las pesquisas se extienden a AndorraAndorra, donde se han localizado cuentas corrientes con "abultados" ingresos en efectivo u otros procedentes de firmas de Panamá del exalcalde de L'Ametlla de Mar de CDC Andreu Martín García. En total, 2,3 millones de euros. El juez también ha remitido comisiones rogatorias a Luxemburgo, Suiza y Gibraltar.

El juez y los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda consideran que los implicados en esta trama podrían haber cometido diversos delitos, como malversación de fondos públicos, "organización criminal", falsedades documentales, tráfico de influencias, fraude y prevaricación administrativa, entre otros.

ENTRADAS Y REGISTROS

El juez ordenó en julio del 2016 unas 40 entradas y registros en empresas40 entradas y registros en empresas, domicilios particulares y ayuntamientos de toda España, entre ellos el de Vandellós, L'Ametlla de Mar y Ascó o Torrejón de Ardoz. En el auto, destaca que Efial y otra empresa presuntamente gozarían de una "estructura firme y estable" que permitiría, en detrimento del erario público, que múltiples entes locales dictaran resoluciones de "carácter manifiestamente injusto", contratando servicios que no siempre redundarían en el "interés público". En las conversaciones aparece un supuesto trato de favor de una funcionaria en el Ayuntamiento de Barcelona.

La Guardia Civil destaca que la llegada de Efial a determinados ayuntamientos permite a sus responsables "contar con una herramienta válida para salvar posibles escollos a sus voluntades", como la intervención fiscalizadora en materia jurídica y económica del secretario y el interventor municipal. Los informes de la consultora otorgan "una aparente cobertura de legalidad" a determinadas decisiones que, en muchos casos, "se han mostrado contrarias a derecho". Por tanto, el objetivo era evitar cualquier control administrativo y "burlar las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas".