El juez decreta prisión sin fianza para Ignacio González

El juez ha decretado prisión incondicional, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, para el expresidente madrileño Ignacio González, que, aunque ha declarado ante el juez Eloy Velasco durante 2 horas y 45 minutos, los ha dedicado a negar los hechos que se le imputan en el 'caso Lezo', como las irregularidades cometidas en la gestión de la empresa pública del agua Canal de Isabel II.

Entre las diversas irregularidades, destaca la compra en el 2013 por parte de Inassa, filial sudamericana de la compañía pública, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, lo que supuso un perjuicio a las arcas madrileñas calculado en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). El juez también ha enviado a prisión al exresponsable de Inassa y consejero de 'La Razón' Edmundo Rodríguez Sobrino.

Tampoco ha reconocido González las comisiones pagadas por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid, hechos por los que también fueron detenidos su hermano Pablo -exdirectivo de Mercasa- y su cuñado Juan José Caballero, quienes se han negado a declarar. Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez pidieron prisión eludible con fianza para ambos, y el juez ha fijado en cuatro millones de euros la fianza para el primero si quiere evitar la cárcel, y en 100.000 euros la de Caballero. 

González ha negado, además, irregularidades en la construcción del tren entre Móstoles y Navalcarnero, obra por la que habría cobrado, según el auto del juez, 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL, hechos por los que ha sido interrogado Javier López MadridJavier López Madrid, consejero de la empresa y yerno del fundador de la compañía, Juan Miguel Villar Mir. 

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Se vuelve a investigar también a la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), a la que González pidió, según fuentes jurídicas, un millón de euros para sanear las cuentas del PP regional. Su exresponsable José Martínez Nicolás ya había sido detenido por el 'caso Púnica'. Anticorrupción había pedido prisión incondicional para él, pero el juez le ha dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros, como a López Madrid.

Entre los otros indicios que el juez ha tenido en cuenta contra González figuran facturaciones ficticias y el manejo habitual de dinero en efectivo. 

EMBARGO DE LAS CUENTAS

La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado prisión incondicional para otros dos de los nueve detenidos: la exdirectora financiera del Canal de Isabel II y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y el exresponsable de Inassa Rodríguez Sobrino. El magistrado decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión pero eludible con una fianza de cuatro millones de euros para Richmon. El juez, que impuso comparecencias mensuales a la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra Soto, ha decretado el embargo de todos los bienes y cuentas de los arrestados en la operación, lo que les complica pagar estas garantías.

Ello incluye a las que se encuentran en el extranjero, que en el caso de Rodríguez Sobrino son muchas. De hecho, tenía en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en el 2012 con la amnistía fiscal, según consta en el auto de registro, en el que se describen "numerosas" operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo.

Una hija de Rodríguez, imputada en el caso, según Efe, controla el patrimonio oculto de su padre. Consta como propietaria de una vivienda en Barranquilla (Colombia), ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por Inassa, otras en Puerto Plata (República Dominicana), adquiridas en fechas "muy próximas" a la compra de la sociedad brasileña Emissao, así como una tercera vivienda en Londres. También dispone de cuentas corrientes en el Reino Unido y en Jérsey.

El magistrado investiga las inversiones inmobiliarias de Rodríguez Sobrino en Colombia en el 2013 y el 2011, cuando intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del Banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre del 2016 con él para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.

CUENTAS "NO AUTORIZADAS"

En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El magistrado afirma en esa resolución que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron "en connivencia" para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.

El auto detalla las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición. Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40% al 75%- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión".

MÁS OPERACIONES

La resolución también hace referencia a otras operaciones del Canal Extensia, como la compra de Soluciones Andinas, "aparentemente de forma indebida" a Oriol Serra Ibars, director ejecutivo de Igmasa Management, empresa presidida por I.M. . 

El juez también acusa a Martín de haber "intervenido activamente en la manipulaciónn de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium".

Velasco imputa a los detenidos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El primer delito no fue utilizado por Anticorrupción para solicitar las medidas que debían imponerse a los primeros detenidos que comparecían ante el magistrado, ya que el fiscal jefe, Manuel Moix, entendía prematuro atribuírselos ya a los detenidos en la operación Lezo. No obstante, como consta en la querella presentada por la fiscalía en julio del 2016, el magistrado lo sigue aplicando.

EL PSOE Y PODEMOS PIDEN PERSONARSE EN LA CAUSA

Previsiblemente en breve la fiscalía no será la única acusación personada en la causa. Este viernes han solicitado el PSOE, Podemos y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) su personación al Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado deberá decidir ahora si los acepta, algo que parece más que previsible ante las polémicas que se están produciendo en el seno de la Fiscalía Especial, donde tuvo que reunirse la Junta de Fiscales para poder realizar unos registros vinculados a una operación realizada por Inassa en el 2001; es decir, dos años antes de que González asumiera la gestión del Canal.