Un juez rechaza suspender un acto contra la dispersión de los presos etarras

El Gobierno central reclamaba la suspensión cautelar de la cita al entender que pretendía protestar contra su política penitenciaria

AITOR UBARRETXENA / SAN SEBASTIÁN

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juzgado número tres de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao ha rechazado la suspensión cautelar del acto contra la dispersión de presos etarras, previsto para este sábado en la capital bilbaína. El juez se ha posicionado en defensa del derecho de los organizadores a celebrar el evento, tras estudiar el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en el País Vasco en el que argumentaba que la iniciativa iba en realidad dirigida "contra la política penitenciaria" del Ejecutivo central.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, también había pedido al Ayuntamiento de Bilbao que no cediera a los organizadores del acto, la red social Sare, el pabellón Bilbao Arena. Sin embargo, el consistorio vizcaíno no ha puesto tampoco objeciones a la cita, y de hecho, el alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha defendido que tiene la "obligación legal" de alquilar el pabellón porque los solicitantes cumplen los requisitos establecidos.

El acto de este sábado cuenta con el apoyo implícito de Iñigo Lamarca, el Defensor del Pueblo Vasco, quien ha insistido esta misma semana en su petición de que los presos de ETA cumplan su condena en cárceles del País Vasco o próximas a sus lugares de origen "como regla general". El Ararteko considera que la legislación establece que hay que favorecer la reinserción social de los reclusos y además ha citado el reciente accidente de tráfico sufrido por familiares de un preso cuando regresaban de una visita en la prisión de Albocásser (Castellón). El coche en el que viajaban colisionó con otro y como consecuencia una mujer embarazada falleció y otras tres personas resultados heridas.

Para Lamarca, la política penitenciaria de dispersión es "difícilmente compatible con los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas recogidos en la Constitución" y supone "una sanción para los familiares del penado".