El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha rebajado de 150.000 a 50.000 euros la fianza impuesta al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, considerado el principal implicado en el supuesto fraude de los ERE irregulares pagados con dinero público. Guerrero, acusado de malversación, cohecho, prevaricación, dos delitos de falsedad en documento mercantil y uno de falsedad en documento oficial, lleva encarcelado desde el pasado 10 de marzo, y es el único de los encausados que todavía permanece en prisión.

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, el pasado 22 de agosto en el Parlamento andaluz. EFE / JUAN FERRERAS

La decisión ha sido adoptada por el sustituto de la juez Mercedes Alaya, que continúa de baja por enfermedad y que inicialmente decretó el encarcelamiento incondicional y sin fianza ante la “impresionante gravedad” de los hechos imputados, que podrían incluso aumentar tras la declaración de otros implicados, el riesgo de fuga y la posibilidad de influir en otros imputados, según se desprendía del auto de prisión, en el que se fijó además una fianza por responsabilidad civil de 686 millones de euros.

"Desprecio al derecho"

En el escrito, que coincidió con el inicio de la campaña electoral autonómica en Andalucía, la magistrada entendía que Guerrero, por sí solo o en connivencia con otros, “habría manejado de forma absolutamente arbitraria los fondos públicos, en beneficio de terceros o del suyo propio, actuando con total desprecio al derecho y a los más elementales principios de la gestión pública”.

Sin embargo, en julio, y tras conocerse que la Audiencia Provincial la había rectificado al exigir una fianza de 450.000 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la juez modificó su auto e impuso una garantía de 250.000 euros para abandonar el penal.

Recaudación entre amigos

El pasado mes de septiembre, ya con la juez de baja, su sustituto decidió rebajar esta cantidad a 150.000 euros, aunque la defensa de Guerrero volvió a recurrir pidiendo la puesta en libertad. Un recurso que, según confirmó este miércoles por la mañana el letrado del exalto cargo autonómico, ha sido estimado parcialmente y ha supuesto la rebaja de fianza a una cantidad “más asumible”. "Aún no llegamos ni de cerca después de tres meses intentando recaudar el dinero” entre amigos y conocidos, matizó el letrado, quien avanzó además que probablemente vuelva a recurrir ante la Audiencia provincial para solicitar la puesta en libertad sin depósito.

Guerrero, que fue responsable de la Dirección General de Trabajo entre 1999 y el 2008, es el único de los tres imputados que habían ingresado en prisión preventiva que aún continuaba privado de libertad, aunque eso no le impidió abandonar el penal unas horas para comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude.

El que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo, abandonaba la cárcel el pasado lunes después de que la Audiencia Provincial le levantara la fianza de 75.000 euros impuesta en julio, y que rebajaba a la mitad la cantidad exigida inicialmente. También Fernández salió de la cárcel el pasado mes de agosto tras reunir 450.000 euros.