El juez reactiva la investigación de la financiación ilegal del PP de Madrid en Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya venía avisando. "Está analizándose una ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero" por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados "para la posible financiación del Partido Popular", decía una de las veces que le denegó la libertad.

Ahora, concluido el análisis de lo intervenido hace un año, por ejemplo, en el registro del domicilio y del despacho del exgerente regional del partido Beltrán Gutiérrez, en la sede central del PP, en la calle Génova, el magistrado ha reactivado la única pieza del 'caso Púnica' que sigue bajo secreto, la de la presunta financiación irregular del PP de Madrid, con nuevos imputados, más registros y petición de documentación a consejerías y empresas públicas.

Este miércoles han declarado ante el juez los tres primeros investigados y hasta el lunes, al menos, desfilarán por la Audiencia Nacional varios más. Gutiérrez ha vuelto a comparecer ante el juez y esta vez le han acompañado el expresidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que dimitió tras dar positivo en una prueba de alcoholemia, y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, condenado a seis meses de cárcel por las 'black'.

Los tres, a los que no se ha impuesto ninguna medida cautelar, han declarado extensamente ante las preguntas que les han formulado el magistrado y las fiscalas del caso, Teresa Gálvez y Carmen García. Gutiérrez fue el primer imputado en esta pieza junto con el consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, al aparecer ambos en la agenda intervenida a Granados con la que se destapó el reparto de dos millones de euros entregados por empresarios.

Arturo Fernández fue adjudicatario del servicio de restauración de la Asamblea de Madrid y habría sido uno de los empresarios que realizó donaciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), ya investigada en otros procedimientos que acabaron archivados por prescripción.

CONTRATOS DE PUBLICIDAD

Entre los requerimientos realizados por el juez figura la Consejería de Justicia, a la que se han reclamado los contratos sobre la Ciudad de la Justicia sacada a concurso en los estertores de la presidencia de Ignacio González; la de Sanidad, en relación a la red de hospitales creados durante la etapa de Esperanza Aguirre, y la empresa pública Arpegio. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, según Efe, la adjudicación a empresas donantes del partido de contratos de publicidad por el 1% del total de la obra en las consejerías de Sanidad y Transportes, y en Arpegio.

AGENDA DE GRANADOS

Para llegar a ellos fue determinante la agenda intervenida a Granados, en la que aparecían anotados pagos de empresarios y repartos de dinero, que ascendían a dos millones de euros, a las siglas "BG", que se identificaron con Gutiérrez, "JLM" (Javier López Madrid) y bajo la denominación de "'me'" (yo, en inglés), que los investigadores consideran que era la parte que quien fue consejero de Presidencia, Interior y Justicia se reservaba para sí mismo.

Para aclarar las anotaciones de la agenda fue clave la declaración de 13 horas prestada por el amigo y socio de Granados, el constructor David Marjaliza, cuando decidió cambiar su actitud y colaborar con la justicia.