El juez ratifica la imputación por prevaricación de dos exconsejeros de Sanidad de Aguirre

El juez Marcelino Sexmero ha confirmado la imputación de Juan José Güemes y Manuel Lamela, exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, por haberse beneficiado del traspaso de pacientes de la seguridad social a centros privados. Por ello, les imputa un delito de prevaricación y cohecho. Además, mantiene la imputación contra el director de la Fundación Jiménez Díaz, que actúa como representante de las empresas privadas, Álvaro de la Parra, por un delito contra la Hacienda pública y por los de fraude y malversación.

Los exconsejeros habían recurrido su imputación y alegaban que no podían ser denunciados por los parlamentarios socialistas de la Comunidad de Madrid ni por la AFEM, el sindicato de médicos especialistas de Madrid. Sin embargo, el togado rechaza estos argumentos al explicar a los exdirigentes del PP regional que el PSOE puede ejercer la acción popular porque, como ciudadano, tiene derechos y otorga la categoría de acción particular a la AFEM, porque defiende los intereses del colectivo de médicos que se verían perjudicados por la privatización de hospitales.

Amenazas e intimidación

El magistrado explica que en la querella presentada se describe que los adjudicatarios de la gestión de los centros públicos de salud (Capio, Ribera Salud y Asisa) derivan a "los pacientes a centros privados o públicos bajo amenazas o intimidación y contra la voluntad del enfermo".

Asimismo, sostiene que la adjudicación de estos dos centros de salud a estas empresas privadas se llevó a cabo con una ausencia de control del precio de las adjudicaciones y de la facturación, ya que se ha facturado por el mismo servicio a tres hospitales privados.

También revela que en los conciertos de las empresas privadas con los hospitales se excluyen prestaciones a los usuarios como medicinas contra el VIH. Y que existe un descuadre en la caja, ya que estos centros deben a la Comunidad de Madrid más de 58 millones de euros. 

El magistrado subraya, además, que los exconsejeros se han beneficiado de la opacidad del accionariado de estas empresas para que fueran contratados cuando dejaron de trabajar en la Comunidad de Madrid.