Un juez progresista nombrado por el Parlament asumirá el 'caso Gordó'

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos, designado a propuesta del Parlament, será el encargado de investigar al diputado y '<strong>exconseller' de Justícia</strong> con CiU <strong>Germà Gordò</strong> por el 'caso del 3 %', en sustitución del juez Enric Anglada, que se acaba de jubilar. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado ejercer la acusación particular en el proceso abierto en el juzgado de El Vendrell por el presunto pago de comisiones a CDC, al considerarse perjudicado. El consistorio no ha recibido todavía comunicación alguna. La CUP ha hecho lo mismo, pero como acusación popular, y se le ha reclamado una fianza de 500 euros

Según ha informado el TSJC, de acuerdo con sus normas de reparto, se ha designado a Ramos como instructor y deberá decidir sobre si toma declaración a Gordó y resolver si ve indicios para enviarlo a juicio por su papel en el presunto pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.

Ramos ha asumido la instrucción después de que la semana pasada se jubilara el magistrado Enric Anglada, que fue designado ponente para estudiar la exposición razonada que el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el 'caso del 3 %' envió al TSJC para que abriera una investigación a Gordó, dada su condición de aforado al ser diputado del PDEcat en el Parlament, ahora como no adscrito. El nuevo instructor de la causa contra el exconseller de Justícia había sido fiscal anticorrupción y se le alinea en el sector progresista de la judicatura. 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

A raíz del análisis del TSJC de los indicios apuntados por el juez de El Vendrell, la sala de admisiones del TSJC acordó el pasado 1 de junio abrir una investigación al exconseller de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos y designar instructor al magistrado que días después se ha jubilado. El alto tribunal resolvió investigar a Gordó, ante los indicios de que terció "directamente directa o indirectamente" entre empresarios y la Generalitat para la adjudicación de obra pública, al menos en cuatro casos.

En la exposición razonada que el juez de El Vendrell remitió al TSJC para que asumiera la investigación de Gordó, el juez sostenía como indicios las reuniones que éste mantuvo durante el proceso de contratación pública con empresarios que fueron adjudicatarios de las obras y que, a su vez, hicieron donaciones a las fundaciones de CDC. En el texto detallaba que dos empresarios detenidos en el caso han afirmado que se referían a Gordó con el sobrenombre de Gregorio o Gerardo y que también utilizaban sobrenombres en castellano para referirse al entonces tesorero de CDC Andreu Viloca, a quien nombraban Antonio.