Un juzgado pide a Hacienda información sobre el ático de Ignacio González en Marbella

El presidente de la Comunidad de Madrid admite que compró la vivienda después de pagar varios años el alquiler

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El presidente de la Comunidad de Madrid,Ignacio González, ha admitido que ha comprado el ático deMarbelladonde veranea, cuyo alquiler ha pagado hasta ahora "religiosamente". González ha respondido así a preguntas de los periodistas tras conocerse que un Juzgado de Estepona ha reclamado a la empresa Coast Investor LLC, que figura como propietaria del ático, información fiscal sobre el inmueble.

Fuentes de laComunidad de Madrid han confirmado a Efe que el presidente adquirió el piso el pasado 18 de diciembre por un importe de 770.000 euros.

Han precisado que el 80% de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tiene separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el presidente de la Comunidad. El presidente madrileño ha explicado que su única relación con el piso es que era hasta ahora su inquilino, que tenía un contrato de alquiler y que lo pagaba "religiosamente".

No lo ha comprado antes, ha proseguido, porque el inmueble no estaba inscrito en elRegistro de la Propiedad, un trámite que se regularizó a finales del 2012. A día de hoy, el único trámite que le falta por realizar, ha indicado el jefe del Ejecutivo regional, es la inscripción por parte de la gestora del banco con el que ha suscrito el crédito. González ha destacado que "lo único" que ha reclamado el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) es información para conocer si el antiguo propietario del inmueble ha cumplido sus obligaciones fiscales y ha reiterado que "en nada" tienen que ver con él ni con la Comunidad de Madrid estas averiguaciones.

Ha agregado que él, en este caso, ha sido objeto de una investigación "ilegal" durante casi un año por parte de algunos miembros de la policía, como según ha indicado ha "acreditado" el ministro del Interior en varias ruedas de prensa, y que esta investigación fue archivada por parte de la Fiscalía Anticorrupción. También ha recordado que, en abril del 2012, ante estos hechos "gravísimos", presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que confía para que se aclaren esos hechos "tan graves".

La denuncia del sindicato policial

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) solicitó a Hacienda en una providencia fechada el pasado 9 de enero que le remita toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la antigua propietaria del ático que ha comprado el presidente de la Comunidad de Madrid. Esta decisión se enmarca en las diligencias previas abiertas el pasado 25 de octubre tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en relación a ese inmueble, ubicado en una urbanización de lujo de Marbella, en la denominada "milla de oro". El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático que alquilaban González y su esposa, y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.

Según la nueva denuncia del SUP, Pedro Javier Villate vendió en el 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor. "Al momento de la trasmisión", continua la denuncia, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona, unos "6.000 euros al mes" y pagados a una empresa "sin actividad".

Origen dudoso de fondos

El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital". Y todo ello "eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad".

El SUP explica que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo del 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio del 2010, fecha en la que es abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica no representatividad alguna.

No obstante, el SUP asegura que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad". El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".

La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios". En el auto de octubre, la juez de Estepona razona que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", si bien no están determinadas las "naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenidos". Tras la apertura de estas nuevas diligencias previas, el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reclamó a la juez que recabara de la Agencia Tributaria "toda la información fiscal" que posean sobre Coast Investor "de cara a impulsar la investigación de los hechos". Entre otros datos, el fiscal reclama el nombre de la persona que representó a Coast ante Hacienda para obtener el NIF de esta entidad, así como las declaraciones tributarias presentadas por esta empresa en los últimos cinco años.