El juez Josep Maria Pijuan, que investiga el saqueo del Palau de la Música, continúa rastreando los bienes económicos del expresidente de la entidad cultural Fèlix Millet y, ante la mínima oportunidad de recaudar más dinero para retornar al auditorio el perjuicio ocasionado, actúa. Así ha pasado con 27.637 euros que la Agència Tributària de Catalunya debía devolverle al que fuera máximo responsable de la institución cultural por una reclamación sobre una operación urbanística en sus fincas de L'Ametlla del Vallès. El magistrado ha acordado la retención y entrega al juzgado de esta cantidad.

Fèlix Millet.

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Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 01 de noviembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por Millet y su esposa, Marta Vallés, contra una resolución de la oficina de Granollers de la Agència Tributària de Catalunya en la que, por silencio administrativo, rechazaba devolverles 27.637 euros, con sus intereses legales, del impuesto de transmisiones. El tribunal acordó que esos fondos debían retornar al matrimonio Millet.

Posteriormente, en septiembre, el TSJC aclaró la primera sentencia, sin modificar el resultado. Fue en ese momento cuando el juez del caso Palau tuvo conocimiento del fallo judicial por el que la Hacienda catalana debía devolver a Millet y a su esposa (también imputada) los 27.637 euros. El magistrado puso en marcha la maquinaria para bloquear ese dinero y el 3 de octubre requirió al organismo que gestiona los tributos de la Generalitat que retuviera la devolución y que los fondos fueran transferidos al juzgado. Es decir, que no llegaran a manos de Millet. La Hacienda catalana comunicó de inmediato a la oficina liquidadora de Granollers, de la que depende la población de L'Ametlla del Vallès, que debía proceder a remitir la cantidad al juzgado.

El juez ya ha embargado bienes y dinero a Millet y a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, así como a otros imputados en el proceso. El desvío de fondos de la entidad se ha valorado, según los últimos cálculos oficiales, en unos 28 millones de euros. Si se confirma, este sería el perjuicio ocasionado, y por el que deberían hacer frente los acusados.

LAS SIGLAS GPO / El magistrado, por otra parte, ha archivado el procedimiento contra Emilio Vidal y Álvaro Palao, directivos de la empresa de ingeniería GPO, a la que los investigadores, en un principio, vincularon con el desvío de fondos del Palau. Estas siglas aparecían en anotaciones halladas en los despachos de la entidad cultural durante el registro. El último informe de Hacienda recibido por el juzgado exponía que estas siglas podrían no pertenecer a la empresa citada, sino hacer referencia al concepto «Guanys per obres».