Los dos primeros sindicalistas identificados y arrestados por su participación en el asalto el martes a un supermercado en protesta por la crisis quedaron ayer en libertad acusados de sendos delitos de robo y coacciones por el «apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público». La Policía tiene identificadas a otras dos personas, aunque todavía no las ha detenido.

Juan Manuel Sánchez Gordillo

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 18 de la sección de Política de la edición impresa del día 10 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Mientras sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) declaraban ante un juez de Sevilla, el alcalde de Marinaleda y diputado andaluz por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, permaneció todo el día acampado en la finca militar que han ocupado en Osuna para reclamar su expropiación. Desde allí insistió en que no participó directamente en lo ocurrido, aunque sí en «las maniobras de distracción», por lo que estaba tranquilo.

«No tengo problema en dar la cara porque solo hemos hecho un gesto simbólico de no violencia activa», repitió tanto por teléfono como en persona a las decenas de periodistas que, incluso desde Venezuela, se interesaron por el incidente. A ellos les insistía en que la incorrección no era coger comida de un supermercado para dársela a gente necesitada, sino «que para pagar la deuda de los bancos se le roben a los trabajadores sus derechos», y aprovechaba para repetir su reivindicación de una renta básica mínima.

Situado de nuevo en el epicentro del interés mediático, el líder jornalero ironizó acerca de que «es público y notorio» donde está, por lo que decía no entender cómo aún no había recibido la citación judicial.

Tampoco tenía muy claro que ocurriría cuando la recibiera. «Últimamente visitamos poco a los jueces, estamos condenados antes de llegar al juzgado», afirmó en referencia a sus últimas detenciones y actos de protesta. Posiblemente no estará solo, porque los militantes del SAT en Granada han decidido «autoinculparse» de lo ocurrido ante la Subdelegación del Gobierno.

EL LOGO DEL PP //El coordinador de IU-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, consideró «desproprocionada» la orden de detención de Interior, y lamentó que «la ley es más dura con los más débiles». Fuentes del PSOE aseguraron que el pacto de Gobierno en Andalucía no peligra y que ambos socios han rechazado las formas, aunque comparten el fondo sobre la necesidad de reducir el paro y pobreza.

Por su parte, el PP anunció que está estudiando acciones legales contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores por sus «graves insultos» y por haber «manipulado» en su web el logotipo de los populares al colocar sobre él una esvástica que ilustra un texto titulado «Vuelve el franquismo de la mano del PP y de su ministro de Interior».