El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, no tomará la decisión de imputar al expresidente valenciano Francisco Camps por la pieza en la que está implicado Iñaki Urdangarín hasta haber escuchado el testimonio en calidad de testigo de Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP (que declarará el 15 de mayo), y de otros cargos valencianos imputados, según fuentes de la investigación.

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Información publicada en la página 22 de la sección de Política de la edición impresa del día 03 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Salvo que aparezcan nuevos datos incriminatorios, el juez quiere esclarecer primero los detalles del encargo al Instituto Nóos -liderado por el duque de Palma y su socio, Diego Torres- de las tres ediciones del Valencia Summit y de los Juegos Europeos, que supusieron un desembolso de 3,5 millones y 382.000 euros, respectivamente.

González Pons, en aquel momento consejero del Ejecutivo de Camps, firmó un convenio de colaboración por 6 millones de euros con el Instituto Nóos, a través de la sociedad pública Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, para ser la sede de la primera edición de unos pretendidos juegos europeos. El citado convenio se estableció para un periodo de dos años, 2006 y 2007, y en el primero debían abonarse 3 millones. Pese a no celebrarse los juegos, el Instituto Nóos recibió 382.000 euros.

González Pons ha segurado que el contrato «se formalizó a propuesta de Paco Camps y el pago lo firmó y ejecutó Víctor Campos [entonces vicepresidente valenciano]» y ha limitado su papel al de «un tercero que actúa de buena fe». El mismo protagonismo le otorga al expresidente la coalición Compromís, que ha pedido al fiscal anticorrupción de Baleares la imputación de Camps por considerarlo el promotor del convenio. Compromís recuerda que, dos meses antes de su firma, Camps dijo en el Parlamento que llevaba «meses trabajando» en la idea de la celebración de esos juegos y que se habían hecho «las pesquisas, los contactos y las propuestas necesarias».

Además de la luz que pueda arrojar González Pons, la instrucción también está pendiente de las declaraciones de los imputados Jorge Vela y José Manuel Aguilar, exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La imputación de Camps supondría el traspaso de esta parte de la causa de Baleares a Valencia, dada su condición de aforado por ser diputado autonómico.

RECURSO RECHAZADO / Quien mantiene la imputación es Jaume Matas, al no aceptar el juez Castro el recurso presentado por su abogado para que el expresidente balear declarara como testigo en esta pieza del caso Palma Arena. El juez considera «absurda» la petición y alega que Matas siempre ha sido parte de la pieza.

Mientras, la investigación sigue trabajando en el rastreo de cuentas para determinar si, además de la presunta malversación de fondos públicos, Urdangarín y su socio incurrieron en un delito fiscal por el volumen económico defraudado, que debería superar los 120.000 euros.

Ante la expectación mediática generada por la declaración de Urdangarín y el temor a altercados expresado por el abogado de Torres, Manuel González Peeters, las autoridades siguen trabajando en un dispositivo que permita garantizar la seguridad y el derecho a la información. La zona quedará acordonada y está por determinar qué lugar ocuparán los numerosos medios acreditados. Al fijarse las declaraciones en sábado, el acceso no se hará por la puerta principal, sino por un acceso lateral. La clave está en si entrarán por su propio pie, como es la costumbre, o si se les permite llegar en coche hasta la puerta, lo que restaría espacio y visibilidad a los medios.