El juez del 'caso Palau' corrobora que CDC cobró 5 millones en comisiones ilegales

El juez de Barcelona Josep Maria Pijoan, que investiga el saqueo del Palau de la Música, considera que de las diligencias de investigación practicadas se deriva que CDC percibió de Ferrovial, bajo el encubrimiento de donaciones en concepto de patrocinio a la entidad, sumas de dinero que obedecen "al pago de comisiones por obras públicas adjudicadas a dicha constructora por el Govern de la Generalitat de Catalunya y por otras entidades públicas". Esas cantidades sumarían casi 5 millones de euros, según el juez.

En el auto, en el que se dan por concluidas las pesquisas, el juez asegura que en ese desvío de fondos participaron los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura Cebrián y Juan Elizaga y, por parte de Convergència, los extesoreros Carles Torrent, fallecido en el 2005, y Daniel Osàcar, su sucesor en el cargo, así como el imputado y exdiputado de CiU <strong>Jaume Camps</strong>.

El juez también destaca "la intervención de otros cargos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Catalunya y otros organismos públicos locales vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir la adjudicación de obra pública". La identidad de estos dirigentes del partido no ha podido ser desvelada, según la instrucción.

El <strong>fiscal</strong> <strong>Emilio Sánchez Ulled</strong> había cifrado en 6,6 millones de euros las "comisiones ilícitas" de la empresa Ferrovial a la órbita de CDC a través de la entidad cultural a cambio de la adjudicación de obra pública.

Un 4% de comisión

En este trasvase de fondos, según el juez, por parte del Palau intervino el que era presidente de la entidad, Fèlix Millet; su mano derecha, Jordi Montull; su hija Gemma, y la directora general, Rosa Garicano. El magistrado señala que por ese conducto del Palau la empresa Ferrovial abonó a CDC comisiones por adjudicación de al menos cuatro obras, entre ellas, la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona, de la Ciutat de la Justícia y de un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès. La constructora abonaba, incide el juez, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra adjudicada, como apuntó el fiscal, del que un 2,5% se asignaba a Convergència y el 1,5% restante, a Millet y Montull. Camps también recibió remuneraciones.

Convenios aparentes

El pago de comisiones a CDC se hizo a través de entregas en efectivo, mediante presunta facturación falsa a determinadas empresas proveedoras del partido y mediante aparentes "convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas", vinculada a CDC.

El juez también relata apropiaciones para usos particulares de fondos del Palau para Millet y Montull. Según Pijoan, de la investigación se desprende que se han podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, delito fiscal y blanqueo de capitales, entre otros.

El juez mantiene la imputación para 17 acusados, entre ellos los máximos responsables del Palau, de Ferrovial y los dirigentes de CDC encausados.