El juez del 'caso Imelsa' pide al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo

El juez del 'caso Imelsa', que investiga en una pieza separada el presunto delito de blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el alto tribunal por su condición actual de senadora.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el instructor subraya las sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, Mari Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada. Además, el magistrado considera que las explicaciones dadas por Barberá son insuficientes para excluir su posible implicación en el caso.

Pese a que el 'caso Barberá' ha provocado una corriente crítica en el PP, que reclama a Mariano Rajoy que aparte sin esperar más a la exalcaldesa, el partido conservador no prevé hacer ningún movimiento hasta que concluya el expediente informativo abierto contra Barberá y el resto de implicados a mediados de marzo, ni apartará a la exalcaldesa de la diputación permanente del Senado, para mantener así su aforamiento. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió no obstante que el régimen sancionador "continua" y que la formación conservadora estará "atenta" al desarrollo de la investigación judicial.   

La causa derivada del 'caso Imelsa' investiga a 47 concejales y asesores más al propio partido, que está imputado como persona jurídica, por las donaciones de 1.000 euros efectuadas por los miembros del grupo municipal popular. Esta cantidad les era devuelta presuntamente por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo procedente, supuestamente, de empresas a las que se les habría beneficiado con alguna adjudicación de contratación pública.

MÁXIMA RESPONSABLE DEL GRUPO

El magistrado considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la parlamentaria.

No obstante, el juez señala que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

En su escrito, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal. Y apunta el magistrado que existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

SILENCIO SIGNIFICATIVO

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal son muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones del 2015 en las que ella optaba a la reelección como alcaldesa, pero negó el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.