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El juez archiva la causa contra el ministro del Interior por el caso de Publio Cordón

Considera que Jorge Fernández no cometió ningún delito al informar sobre la operación que se saldó con la detención de tres grapo

Viernes, 7 de septiembre del 2012 - 13:28h. Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto
MARGARITA BATALLAS / Madrid

El juez Javier Gómez Bermúdez ha archivado la causa que incoó contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por un delito de revelación de secretos por la información que facilitó en una rueda de prensa sobre la operación que se saldó con la detención de tres grapos relacionados con el secuestro de Publio Cordón.

Los tres presuntos grapos que secuestraron a Publio Cordón --Vicente Sarasa, José Antonio Ramón y Manuela Ontanilla-- son trasladados a Madrid. ATLAS

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El magistrado concluye que el ministro cumplió con su deber de facilitar información a la opinión pública, pero que no cometió ningún delito porque en su primera comparecencia desconocía que el sumario estuviera secreto.

Gómez Bermúdez abrió esta causa después de saber que Interior había facilitado datos de una comisión rogatoria remitida por Francia sobre esta operación. En concreto informó de que el empresario estuvo retenido en una casa en Lyón (Francia) que había sido alquilada por uno de los detenidos con documentación falsa y que Cordón murió a los 15 días de su secuestro después de intentar escapar por una ventana y que sus captores le dejaron fallecer al no socorrerle.

El criterio del fiscal

Estos datos, según el juez, habían perjudicado su investigación, ya que los arrestados tenían conocimiento de las pruebas que había contra ellos en el sumario. Sin embargo, el magistrado niega, ahora, que el ministro del Interior hubiera obrado con mala fe porque, en la segunda comparecencia que ofreció al día siguiente, ya fue más cauto al saber que el sumario estaba declarado secreto.

Con esta decisión, el juez asume el criterio del fiscal que el pasado miércoles le pidió el archivo de esta causa. El magistrado, en el caso de haber establecido que Fernández Díaz había cometido un delito, debería haber remitido su investigación al Tribunal Supremo.

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