Gómez Bermúdez admite la querella de IU por los 'papeles de Bárcenas'

Javier Gómez Bermúdez.

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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella de Izquierda Unida (IU) contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como contra varios exaltos cargos del partido, por la supuesta contabilidad B que se manejó en el partido. Según fuentes del tribunal, el titular del juzgado central de instrucción 3 ha abierto una investigación por los llamados 'papeles de Bárcenas', si bien es su colega en la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien ha asumido, el pasado viernes, esta causa, que hasta ahora llevaba la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, Anticorrupción informó en contra de esta decisión y a favor de acumular esta investigación a la que ya desarrolla Ruz. Fuentes fiscales han señalado, según informa Europa Press, que el informe del ministerio público tiene fecha del pasado viernes aunque Gómez Bermúdez no lo ha visto hasta este lunes.

Así, el titular del juzgado de instrucción número 3 ha fijado para los días 25, 26 y 27 de marzo las declaraciones de Bárcenas y Lapuerta, y 10 supuestos donantes del PP. Al margen ha dejado a los exdirigentes conservadores Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo al entender que resulta "prematuro" darles la condición de imputados, ya que, añade el magistrado, "solo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte del curso de esta".

Querella de IU

En la querella, IU afirma que los extesoreros y los exaltos cargos del partido "recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado la ley" a cambio de adjudicaciones a los empresarios, "defraudando así a la sociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento".

En concreto, el partido destaca que Rato, Acebes y Trillo --exvicesecretario, exsecretario general y exresponsable jurídico del PP, respectivamente--, eran ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la incompatibilidad de recibir recursos (figuran como receptores de dinero del PP en los papeles manuscritos publicados por 'El País') que no fueran los propios de su labor en el ministerio.

Los empresarios querellados son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros. Entre los querellados también están Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo.

Petición a la fiscalía y al juez Ruz

El juez también pide "urgentemente" al ministerio público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado" y solicita al juez Ruz que le traslade los autos del 5 de febrero y el 1 de marzo en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto unas diligencias, así como el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.

Además, notifica la admisión a trámite de la querella al PP para que se persone si lo considera oportuno. Según fuentes jurídicas, el conflicto entre los dos juces instructores para investigar los mismos hechos debería ser resuelto por la Sala de lo Penal, órgano superior a ambos.

Gómez Bermúdez ordena a los empresarios contra los que se dirigía la querella que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre el 2002 y el 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular". También requiere al PP para que en ese mismo plazo aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto "donaciones" ha recibido entre el 2002 y el 2009 de los empresarios que figuran en los deminados 'papeles de Bárcenas', que el diario 'El País' publicó el pasado el 31 de enero, y que el juez también reclama.

El juez también remite un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral y la historia de bases de cotizaciones de Bárcenas entre los años 2009 y 2013, y otro a la Agencia Tributaria para que le entregue la Declaración Tributaria Especial (amnistía fiscal) a la que se acogió el extesorero a través de la empresa Tesedul.

De igual modo, pide las declaraciones de IRPF que realizaron algunos de los cargos que habrían recibido dinero, según la contabilidad B atribuida a Bárcenas, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pío García Escudero, Santiago Abascal, Juan Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Calixto Ayesa o Jaume Matas.

Cuentas del PP

También pide al Tribunal de Cuentas que le remita "copa auténtica de las cuentas presentadas por el PP correspondientes a los años comprendidos entre 2002 y 2009 , así como los informes o dictámenes que tal organismo haya emitido respecto de dichas cuentas". De igual modo, solicita a este organismo que informe si en alguna de las auditorías que ha realizado a las cuentas del PP entre 1990 y el 2009 aparecen donaciones realizadas por los empresarios contra los que se dirige la querella.

En su resolución, Gómez Bermúdez justifica su competencia asegurando que los supuestos hechos delictivos se produjeron en cinco comunidades autónomas (Madrid, Valencia, Galicia, Catalunya y Andalucía) y que es competencia de la Audiencia Nacional los delitos relacionados con "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas".