¿El juego de los disparates?

La sensación cada día más generalizada es que, al menos por lo que dicen en público, los principales interlocutores de Madrid y Barcelona no están a la altura de los tiempos. Anteayer el hoy senador José Montilla interpeló a Mariano Rajoy sobre su actitud ante Catalunya y la respuesta fue exclusivamente defensiva: «¿Qué debo hacer ante quien convoca un referéndum ilegal? ¿Tengo que hacer una propuesta a todo el que proponga una consulta contraria a la Constitución? ¿Debo dar algo a cambio?». Montilla le replicó con rapidez: «Lo que no debe hacer es actuar como un mero espectador…Tiene que proponer vías de solución porque el tiempo puede hacer que las cosas que se rompen sean más difíciles de recomponer…De la misma manera que la corrupción genera populismo, el inmovilismo ayuda al independentismo».

No se trata solo de que la mayoría del parlamento catalán promueva una consulta con una extraña y poco democrática doble pregunta (que también); lo que el presidente del Gobierno debe preguntarse es por las razones por las que se ha quedado tan solo en Catalunya, donde 107 diputados sobre 135 (todos excepto los del PPC y Ciutadans) piden cambios sustanciales en la relación entre Catalunya y España. Rajoy debe moverse para no aparecer como un ovni ante el 16% de la población del Estado que produce el 18,5% de la riqueza nacional. Y me preocupa que si hace unos días -cuando Mas retiró la consulta que había convocado por decreto-, el presidente del Gobierno ofrecía ley y diálogo, el lunes solo habló de respeto a la ley y a la Constitución.

Y respecto al nuevo 9-N, lo más sustancial no es si el Estado tiene motivos para impugnarlo, sino si esa es la actitud más inteligente. La performance del 9-N, sin ninguna garantía jurídica y controlada por voluntarios, no podía tener más repercusión que la de una manifestación sui generis más o menos multitudinaria. ¿Acaso prohibir manifestaciones -aunque sean con DNI, como me corregía el otro día un ilustre jurista- indica talante abierto y democrático?

Pero por parte del Gobierno catalán la reacción no es mucho mejor (y a veces es hasta peor). Que el conseller Francesc Homs dijera el lunes, refiriéndose al proceso participativo, al nuevo 9-N, que «no se puede prohibir lo que no existe» suena a diálogo de los hermanos Marx. ¿O es que no han aparecido anuncios en los periódicos invitando ya no a participar sino a decidir? ¿O es que el secretario de comunicación del Govern no ha conminado a las radios y televisiones privadas a emitir gratuitamente publicidad de «lo que no existe»? ¿Estamos llegando en los portavoces catalanes a una etapa similar a la española de cuando Miguel Ángel Rodríguez era el vocero de Aznar durante su primera legislatura, cuando gobernaba con apoyo de CiU?

Y quizá peor que lo de los portavoces es lo del propio president Mas, que afirma, en reuniones con otros partidos, que «tenemos que engañar al Estado». ¡El máximo representante del Estado en Catalunya -porque así lo han querido los estatutos catalanes y Jordi Pujol dio muchas batallas protocolarias porque así fuera- presidiendo reuniones para engañar al Estado!

Uno de los grandes administrativistas españoles, Santiago Muñoz Machado, de tradición muy poco autonomista, presentó el lunes en Barcelona, en el Cercle d'Economia, un libro en el que sostiene que la solución podría consistir en recuperar el Estatut del 2008 y completar la operación con una reforma de la Constitución que blindara sus preceptos más discutidos. Y que ambos textos se sometieran a referéndum, el Estatut recuperado solo en Catalunya y la Constitución en toda España.

¿Podríamos conocer alguna reacción inicial de Rajoy y Mas ante un libro que -este sí- tiene como mínimo el mérito de existir?