Los dirigentes de la izquierda aberzale Maribi Ugarteburu y Pernando Barrena, durante la rueda de prensa. JAVIER ETXEZARRETA | EFE
La izquierda aberzale ha denunciado este jueves la pretensión del PP de que las personas que tuvieron que abandonar el País Vasco por la amenaza de ETA puedan votar en Euskadi, y ha expresado que se trata de un intento de "manipular el censo a su antojo" para impedir que la nueva coalición soberanista, Euskal Herria Bildu, se imponga en las próximas elecciones autonómicas.
Los portavoces Pernando Barrena y Maribi Ugarteburu han acusado a los populares de pretender ganar "mediante nuevas leyes de excepción lo que ha perdido a través de su apuesta política", aunque han augurado el fracaso "más estrepitoso" a su intento de "inflar artificialmente" el número de electores.
La ponencia encargada por el Ministerio del Interior al letrado de las Cortes Generales Fabio Pasqua propone una reforma legal por la que podrían votar en las autonómicas vascas todos aquellos ciudadanos que hubieran abandonado Euskadi en los últimos años.
Ante la dificultad de comprobar quiénes huyeron de la amenaza terrorista, la pretensión del PP es que puedan votar todos aquellos que llevaran un tiempo determinado residiendo en el País Vasco. Aún no se ha determinado ese periodo mínimo de empadronamiento en Euskadi, ni las fechas de inicio y final de la etapa en la que sería aplicable la medida.
Desde la izquierda aberzale se afirma que esta apuesta política supone "la colonización a distancia, una colonización del siglo XXI". Cada año 20.000 personas se trasladan desde Álava, Vizcaya, Gipúzcoa y Navarra a otras provincias españolas, por lo que el número de potenciales votantes, sobre un censo electoral de 2.192.000 personas, podría ser considerable si la iniciativa se amplia a todos los años de existencia de ETA.
Pernando Barrena ha afirmado que Euskal Herria Bildu "tiene la posibilidad real de ser hegemónica" en las próximas elecciones autonómicas vascas, pese a "estas apuestas fraudulentas y bananeras".
Además, ha advertido que no es una propuesta "de carácter exclusivamente electoral", sino que demuestra que el Estado español "pretende negar a los vascos el derecho a decidir libre y democráticamente" su futuro con "todo tipo de cerrojos legales, represivos y coercitivos".