LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

En libertad todos los detenidos del 3% a la espera de ser llamados por el juez

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J. G. ALBALAT / ESTHER CELMA / ÁNGELES VÁZQUEZ / BARCELONA / TARRAGONA / MADRID

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Los investigadores del último golpe contra la trama del 3%, de supuesta financiación irregular de CDC, prosiguen con sus pesquisas a la espera de que los 18 arrestados pasen a disposición judicial. Tras examinar durante toda la noche los documentos intervenidos en los registros, la Guardia Civil se dedicó este viernes a interrogar a los ocho detenidos que pasaron la noche en los calabozos. Todos ellos fueron quedando en libertad tras el interrogatorio a la espera de ser llamados a declarar por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, en los próximos días. 

Se trata del exconsejero delegado de Copisa Francesc Xavier Tauler, quien solicitó el habeas corpus, y que le denegó la jueza de guardia al entender ajustado a la legalidad su arresto; el exdirigente de CDC Francesc Sanchez; el exteniente de alcalde de Barcelona y exresponsable de BIMSA Antoni Vives; el extesorero de CDC y de la fundación Catdem Andreu Viloca; el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni RosellJosep Manel Bassols y Sergio Lerma (Oproler), y Félix Pasquina (Pasquina).

Varios de los arrestados se acogieron a su derecho constitucional a negarse a declarar mientras se mantenga el secreto de sumario, pero otros sí dieron explicaciones sobre las obras por las que están imputados. Así lo apuntaron fuentes de la investigación, que señalaron que algunos de los empresarios citados colaboraron ofreciendo detalles de las operaciones.

SANCHEZ, CANSADO PERO TRANQUILO

Sanchez fue el primero en abandonar la comandancia. El que fuera coordinador de régimen interno de CDC se mostró cansado pero tranquilo, evitó pronunciarse sobre posibles querellas y afirmó que la Guardia Civil les dispensó un trato exquisito. "Conozco el caso muy bien porque soy el abogado de Convergència y estoy absolutamente tranquilo; sé cómo está el proceso", afirmó. 

Preguntado sobre si consideraba que la fecha de la operación tenía intencionalidad política al producirse en días cercanos al juicio por el 9-N, Sanchez ha lanzado una respuesta irónica: "Esto ya sabemos que pasa siempre, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos". También ha manifestado que le pueden investigar "de arriba abajo porque no encontrarán nada".

EXPEDIENTES "IMPECABLES"

La Fiscalía Anticorrupción tiene puesto puesto el foco especialmente en las agendas y los correos electrónicos de los que la Guardia Civil se incautó el jueves, junto con expedientes administrativos de las obras bajo sospecha. Sostiene que dichos expedientes serían "impecables" y los amaños se forjaron en reuniones previas; de ahí la importancia de comprobar las agendas y los 'e-mails'.

Anticorrupción ya exponía el jueves cómo se habrían fraguado las irregularidades: "Por un lado, los concursos son amañados de manera que las irregularidades no consisten en saltarse los requisitos formales, sino en que vienen otorgadas previamente, dándoles los investigados una apariencia de regularidad. Por ello, si se analizan dichos concursos sin el contexto de las reuniones previas y las donaciones, fundamentalmente a 'CatDem', no se atisba su carácter fraudulento. Por otro, los concursos estarían controlados".

Entonces ya apuntaba a Viloca como epicentro de la trama: "Durante el desarrollo de la investigación ha quedado acreditado que Viloca, siendo administrador y tesorero de la entonces CDC (antes CiU) y de la Fundació CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC. Además, Viloca es quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona".

OBRAS BAJO SOSPECHA

La operación Pika se extendió este jueves a nueve municipios catalanes, entre ellos Barcelona, Lleida y Girona, y llegó a Madrid, donde tienen sede empresas a las que se adjudicó alguna de las nueve obras bajo sospecha. Se trata de la ampliación sur y la construcción del dique del este del puerto de Barcelona, las remodelaciones de la avenida del Paralelo, la plaza de las Glòries y la calle Luca, en Barcelona, el mantenimiento de colegios públicos de la ciudad, el Institut Lluís de Peguera de Manresa, el Mirador de las Aguas para el arreglo del paseo del mismo nombre en la carretera de Horta-Cerdanyola hasta Can Ferrer, el carril bici de Gran Vía de Les Corts Catalanes hasta Pont del Trevall y la construcción de estaciones en Sabadell.