Alfonso Rus, en libertad provisional bajo fianza de dos millones de euros

El juez del 'caso Imelsa' acordó la noche del jueves la libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus. El magistrado ha decidido dejarlo libre, pese a que Anticorrupción pedía prisión preventiva para el exmandatario popular, al considerar que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. No obstante, el titular del juzgado de Instrucción número 18 le impone una fianza de dos millones de euros para garantizar la responsabilidad civil en caso de una eventual condena, así como la medida cautelar que le obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado.

Rus permanece imputado por prevaricación, malversación, cohecho, tráfico influencias y blanqueo de capitales en una supuesta trama corrupta de la que se le sospecha cabecilla. La red actuaba presuntamente a nivel local, provincial y autonómico en las administraciones públicas valencianas cobrando comisiones ilegales de empresas beneficiadas que podrían alacanzar al 3% por contratos amañados de forma fraudulenta. Según la investigación, esta trama habría servido para enriquecer a Rus y sus colaboradores. Otra línea de investigación apunta a que el 'caso Imelsa' podría también constituir una presunta financiación irregular del PP valenciano. Por ello la Guardia Civil, va a llamar a declarar a 50 miembros del PP municipal de Valencia, entre los que se encuentran cargos y militantes.

NEGATIVA A DECLARAR

Tras pasar dos días y medio en el calabozo de la Guardia Civil, el expresidente de la Diputación valenciana se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que instruye la causa que desató la redada de la 'operación Taula'. En total, 22 de los 24 arrestados el pasado martes han preferido no declarar ante el juez de instrucción. Aunque no se explicó dentro del juzgado, Rus sí habló a su salida de la Ciudad de la Justicia, pasadas las 12 de la noche de este jueves. Lo hizo para seguir defendiendo que "todo es un montaje" y "una trama radiada desde hace más de un año". "Me querían apartar del partido", aseveró, declinando dar nombres ni explicar mucho más porque estaba "muy cansado". "No tengo nada que ver. De los billetes de 500 no tengo ni idea", aseguró cuando se le preguntó sobre la posible financiación ilegal del PP valenciano.

Los hombres de máxima confianza de Rus en la Diputación, los exvicepresidentes Juan José Medina y Máximo Caturla, así como su exjefe de gabinete Emilio Llopis, quedaron también en libertad en la madrugada del jueves. Y con ellos, todos los detenidos en la macrorredada de la 'operación Taula' practicada por la Guardia Civil y Anticorrupción esta semana.

Se trata de los cuatro principales investigados de las 24 personas que fueron detenidas el pasado martes en la operación Taula -hay además otros cinco investigados-, en relación con una presunta trama de corrupción en torno al PP valenciano y a la empresa pública Imelsa.

Los cuatro exdirigentes populares han sido los últimos en comparecer ante el juez y han puesto punto y final al desfile de políticos, empresarios y técnicos de estas tres jornadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

FINANCIACIÓN ILEGAL

La investigación contra la supuesta red corrupta infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas, empieza a apuntar hacia la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

Según el diario 'El País', el juez del 'caso Imelsa' investiga por supuesta financiación ilegal y blanqueo al PP local, provincial y autonómico de Valencia. El magistrado cree que sus miembros cobraron comisiones del 3% "de forma generalizada" y que parte del dinero se destinó al partido. Varias informaciones dan por hecho que el juez llamará a declarar a 50 miembros del PP en el Ayuntamiento de Valencia que habrían aportado al partido donaciones de 1.000 euros. Unas donaciones que luego se habrían devuelto con dinero negro de las presuntas comisiones que cobraban a las empresas beneficiadas por el amaño de contratos. Ninguna de esas citaciones judiciales puede afecta a la exalcaldesa Rita Barberá porque, al ser ahora senadora y estar por ello aforada, solo el Tribunal Supremo puede dirigir acciones penales contra ella.

CINCO DELITOS

A raíz de la redada de la Guardia Civil de este martes, varias personas del entorno de Barberá están imputadas por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Entre ellas, la secretaria popular en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García Fuster, con poderes sobre las cuentas del PP local, y para quien el fiscal pedía cárcel. El juez la dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Otro de los imputados es Alfonso Novo, actual número uno del PP en Valencia, apartado temporalmente de la portavocía y de la presidencia local.

La exconsejera autonómica Maria Àngels Ramón Llin, portavoz en sustitución de Novo, se ha estrenado este jueves admitiendo que todos los miembros del grupo municipal aportaron al partido 1.000 euros para la campaña electoral del 2015. Aunque, preguntada sobre si ese dinero les era devuelto en billetes, ha asegurado que a ella ni se le devolvió ni tenía "constancia" de ello.