Interpol exige que se detenga a Martín Villa

Las imputaciones de 20 exaltos cargos franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad, entre los que destacan los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, decididas por la jueza argentina María Servini, se han convertido en peticiones de detención urgente por parte de la sección argentina de Interpol a la policía española.

La organización internacional lo expone así, en un escrito del pasado 4 de noviembre, en el que explica que pedirá estas órdenes de captura internacional tras comprobar todos los datos de los imputados para evitar detener a personas del mismo nombre.

Según la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), la policía española debería proceder ahora a la detención de los imputados y ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional. Esta podrá ordenar su libertad, la prisión provisional o medidas cautelares. Y comunicar su decisión al juzgado argentino que dirige Servini.

La primera reacción del Gobierno español no fue precisamente favorable a la demanda argentina. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantó que España denegará la entrega a Argentina de los 20 acusados, amparándose en la ley de amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos y siguiendo la línea de antecedentes tratados en la Audiencia por casos similares. Dos ejemplos en este sentido son los del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el exguardia civil Jesús Muñecas, cuyas extradiciones fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. En un intento de mantener las formas, Catalá recordó que, en todo caso, la decisión final corresponderá a la Audiencia y al Ministerio del Interior.

La justicia argentina pide la extradición de Martín Villa por sus presuntas responsabilidades durante su etapa de exministro franquista en las muertes de cinco trabajadores en Vitoria, en marzo del 1976, en un tiroteo protagonizado por la policía.

A Utrera Molina se le atribuye parte de responsabilidad en la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, que fue el último ajusticiado con garrote vil por motivos políticos en España, en 1979.  Precisamente su hermana Merçona es una de las promotoras de la querella argentina.