En el Ministerio del Interior se optó anoche por guardar silencio. La decisión del juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro de excarcelar por razones humanitarias al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga era la que esperaba el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, pero, por respeto a algunas asociaciones de víctimas, los responsables de Interior se decantaron por no decir en voz alta lo que realmente pensaban. Primero, que era lo correcto, y por eso el propio ministerio le concedió al terrorista enfermo el tercer grado. Y segundo, que el Gobierno acatará lo que diga el juez.

El juez Castro sale del Hospital Donostia tras visitar a Uribetxeberria y a los oncólogos, el martes. EFE / JUAN HERRERO

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Información publicada en la página 15 de la sección de Política de la edición impresa del día 31 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El mutismo del ministerio se entiende ante lo que previsiblemente se le viene encima: la reacción de las asociaciones de víctimas más conservadoras, que en ningún caso reflejan el sentir de todas. Conviene recordar que no todas las víctimas del terrorismo están afiliadas a asociaciones. Hay muchas víctimas de ETA que han preferido ir por libre. El catalán Roberto Manrique es una de esas víctimas que durante los últimos días se ha manifestado a favor de la excarcelación de Uribetxeberria «si es lo que dice la ley».

Y la ley lo dice. Y esa misma ley permite a la fiscalía de la Audiencia Nacional presentar un recurso, como parece ser que ordenará el fiscal Javier Zaragoza. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por Ángeles Pedraza, pidió a la fiscalía que «agote todas las vías» para revocar la «incomprensible» decisión del juez Castro. Pedraza anunció anoche que durante el día de hoy se trasladará a la sede del Ministerio del Interior para entregar una carta mostrando su «decepción e indignación» en nombre de las 4.000 víctimas de la asociación.

RÉDITO ABERZALE / En los próximos días, el ministro Fernández Díaz tiene previsto guardar silencio y no piensa comparecer ni mantener ningún contacto con los medios de comunicación. Para él tampoco ha sido fácil tomar una decisión de cuya justicia no ha dudado en ningún momento, pero que le ha servido para cosechar durísimas críticas no solo entre las víctimas, sino también en las filas de su partido.

Desde que se hizo cargo de Interior, Fernández Díaz tuvo sobre su mesa una lista de los presos de ETA más enfermos. Y advirtió a su equipo del ministerio de que si la ley decía que se tenían que liberar, se liberarían, por mucho que, interiormente, le doliera que se tratara, como el caso de Uribetxeberria, de etarras que nunca han mostrado el menor arrepentimiento por sus actos.

Y así fue. Interior le concedió el tercer grado, aunque hay fuentes que aseguran que lo podía haber excarcelado antes de que el propio etarra presentara una petición a la Audiencia que ha provocado que el caso se convirtiera en el culebrón político del verano para beneficio exclusivo de los aberzales, en plena precampaña electoral vasca.