La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió ayer conceder el tercer grado penitenciario al preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga -uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Ortega Lara- «por razones humanitarias» y a pesar de «la entidad de los delitos cometidos». El recluso, enfermo de cáncer terminal, podría quedar en libertad condicional en los próximos días si así lo decide la Audiencia Nacional. La decisión fue duramente criticada por los principales sindicatos policiales, que expresaron su temor a que siente un precedente para futuros casos, y por varias asociación de víctimas del terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apuntó que no decidirá si recurre esta resolución hasta disponer de los informes forenses que determinen si Uribetxeberria puede o no ser tratado en la cárcel.

Miembros del colectivo Etxerat, de apoyo a los presos de ETA, ayer. EFE / JAVIER ETXEZARRETA

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 18 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El departamento de Prisiones atendió la propuesta de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Zaballa (Álava), que se basó en el informe médico elaborado por el Hospital Donosti, donde se encuentra el reo ingresado en huelga de hambre desde hace 10 días. El análisis detallaba que las probabilidades de que el etarra muera antes de un año son del 90%. En su escrito, el órgano adscrito a Interior propone que la libertad condicional quede sometida al cumplimiento de unas normas, como el alejamiento de sus víctimas y sus familiares y la prohibición de participar en actos políticos que legitimen la violencia o que conlleven desprecio a las víctimas.

EN MANOS DEL JUEZ / Tras la concesión del tercer grado, la situación del interno vuelve a depender de la junta de tratamiento de la cárcel de Zaballa, a la que corresponde ahora elaborar un propuesta sobre la idoneidad de otorgarle la libertad condicional, lo que equivaldría a su definitivo traslado a casa. La decisión final dependerá en exclusiva del juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, o del magistrado de guardia que le sustituya. Este papel corresponde ahora a Santiago Pedraz, quien ya ha solicitado a la Clínica Forense que remita un informe para determinar si el etarra puede ser atendido del cáncer que padece sin salir de la cárcel. A la vista de la contundencia de los informes médicos, que certifican que se cumplen los requisitos exigidos por el reglamento penitenciario, la libertad condicional podría concedérsele en cuestión de días, incluso el mismo lunes.

Los dos principales sindicatos de la policía, el SUP y la CEP, rechazaron la decisión del Ministerio del Interior y, aunque admitieron que cumple la ley, matizaron que no es «obligatoria» ni «ética». También las principales asociaciones de víctimas lamentaron la concesión del tercer grado. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, apuntó que «las víctimas tendrán que ponerse en huelga de hambre para conseguir algo» y afirmó que la decisión supone «la cesión del Gobierno al chantaje de ETA». En la misma línea, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, aludió al «proceso de negociación» entre el Ejecutivo y la banda terrorista para justificar este paso, y auguró nuevos casos de presos de ETA enfermos en las próximas semanas.

MARCHA PROHIBIDA / La plataforma de apoyo a los presos de ETA Herrira decidió desconvocar la manifestación que tenía previsto realizar hoy en Bilbao para reclamar la excarcelación de Uribetxebarria después de que fuera prohibida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Sin embargo, anunciaron otra marcha para el próximo viernes día 24 en la capital vizcaína en favor de los «presos y exiliados vascos».

El magistrado, que adoptó la decisión de prohibir la manifestación a petición de la AVT y con el visto bueno de la Fiscalía, argumentó que el fin de la movilización prevista para hoy era «ensalzar» a un miembro de ETA y a la lucha armada. Este criterio discrepa del mantenido la semana pasada, cuando otra marcha idéntica se desarrolló sin incidentes en San Sebastián. Aunque aquella manifestación también fue impugnada por la AVT y Dignidad y Justicia, en aquel caso el juez Eloy Velasco desestimó la prohibición.