En su primera comparecencia pública tras la polémica desatada en su propio partido y en un sector de las víctimas del terrorismo por la concesión del tercer grado al etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxeberria Bolinaga, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió ayer con vehemencia una decisión que no tenía más remedio que tomar, y de la que llegó a decir que no se arrepiente. Fernández Díaz reconoció que al Ejecutivo le ha dolido e incluso «repugnado» cumplir la ley, pero advirtió de que si no lo hubiera hecho habría «incurrido en prevaricación», ya que el caso de este terrorista, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, «cabía absolutamente en el ámbito de la aplicación de la ley». Y acusó a los que dicen que el Gobierno ha cedido al chantaje de ETA de actuar «sirviendo a la estrategia» de la banda. «No gobernamos con los sentimientos, gobernamos con la ley», recordó.

El ministro Jorge Fernández Díaz, ayer durante su comparecencia ante la prensa. AGUSTÍN CATALÁN

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Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 24 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Las explicaciones que durante hora y media dio el ministro no convencieron a todas las víctimas. La AVT, la mayoritaria, además de acusar a Fernández Díaz de mentir y de traicionarles, anunció sus primeras movilizaciones desde que el PP llegó al Gobierno, que incluyen manifestaciones hasta las cárceles con presos de ETA para pedir respeto a las víctimas, así como la huelga de hambre de siete de sus miembros frente al Ministerio del Interior.

Fernández Díaz se cuidó mucho de criticar a las víctimas. Al contrario, aseguró que entendía perfectamente su dolor, su incomprensión y su rechazo al ver cómo este etarra, que nunca se ha arrepentido, puede salir en libertad por razones humanitarias sin haber cumplido toda la pena. «Podemos discrepar de la ley, no entenderla, pero todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y si no nos gusta, pues se cambia», llegó a decir el ministro, quien después, negó que el Gobierno se estuviera planteando una nueva modificación legislativa en material penitenciaria.

En cualquier caso, el titular de Interior también quiso dejar claro que la última palabra en cuanto a la excarcelación de Uribetxeberria la tiene el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Y quiso recordar que cada día un preso es excarcelado en España por cuestiones de salud. En cuanto a ETA, 23 de sus miembros han sido puestos en libertad por el mismo motivo, y de estos, 18 en la primera legislatura del primer Gobierno del PP. Es decir, cuando el responsable de la política penitenciaria era Jaime Mayor Oreja.

CRÍTICA DE AGUIRRE / Aunque aseguró que no quería polemizar sobre este tema con los compañeros de su partido que le han criticado, el ministro no pudo morderse la lengua y citó explícitamente a Mayor Oreja. Sí evitó, en cambio, hablar de Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, que ayer defendió que la Fiscalía de la Audiencia no se fiara de los informes médicos; ella tampoco, dijo, y recordó que también tiene cáncer y no por ello está «a punto de morir».

Fernández Díaz insistió en que el Gobierno no tuvo más remedio que conceder este tercer grado, y rechazó con rotundidad las acusaciones de haber cedido al chantaje de ETA y sus presos en huelga de hambre. «Esto es ofensivo, y quien lo dice, por desconocimiento o por maldad, solo sirve a la estrategia de la banda». El ministro aseguró que durante su legislatura se han detenido a más etarras que nunca, y calificó de teatrillo y burla, el ayuno que han seguido algunos presos en los últimos días en solidaridad con Uribetxeberria.