Interior advierte a CiU de que tiene nuevos informes sobre corrupción

El ministro Jorge Fernández Díaz llegó ayer a la comisión de Interior del Congreso con dos mensajes para CiU: el primero, que le ha sido imposible determinar quién fue el autor o autores del supuesto borrador policial -parece que ni esa categoría alcanzaba- que publicó El Mundo en plena campaña electoral catalana y que apuntaba, entre otras cosas, a supuestas cuentas en el extranjero de Artur Mas y Jordi Pujol ligadas al cobro de comisiones ilegales. El segundo recado miraba al futuro (está por ver si inmediato): gracias a la investigación de asuntos internos de la policía sobre el polémico borrador, a las manos del titular de Interior han llegado nuevos informes que aún no han entrado en los tribunales y que, según sugirió, no van a gustar a los nacionalistas catalanes. Aviso para navegantes.

«Asuntos internos me ha enviado varios informes, el último, el día 9 [...] Se me ha enviado mucha documentación y no la he hecho pública, bien porque estaba judicializada o porque previsiblemente sería judicializable, pero le puedo asegurar que si hubiera dado a conocer toda la información enviada por asuntos internos, se estarían quejando. Simplemente, no la podíamos dar a conocer porque previsiblemente será judicializada», le espetó al portavoz de CiU en la comisión, Jordi Jané.

INFORMES SOBRE LOS PUJOL / De hecho, el ministro leyó durante su primera comparecencia, a gran velocidad, una serie de informes que, según dijo, habían recopilado los responsables de la investigación sobre el borrador, precisamente tirando del hilo del contenido del documento fantasma falsamente atribuido a la UDEF, judicializados ya en su mayoría (de los otros, ni palabra).

A los nacionalistas catalanes les llamó especialmente la atención que Fernández Díaz especificara, en sede parlamentaria, que tenía en su poder desde noviembre pasado papeles relacionados «con otro informe del servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales, todo ello en relación con la empresa Europraxis Group», esto es, la compañía de la que fue socio Josep Pujol Ferrusola antes de ser vendida a Indra. Mencionó otro anexo proveniente del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, «así como otras investigaciones relacionadas con Alta Partners, empresa de Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol, cuya sede fue registrada durante la instrucción del caso de las ITV. Según el ministro, también guarda informaciones «procedentes de testigos protegidos y relacionadas con la titularidad de cuentas en la entidad HSBC de Suiza», de las que se negó a dar detalles por estar ahora «en avanzado estado de judicialización». Agregó que en noviembre se le envió también otro informe «inicial» en el que se le daba cuenta de «líneas de investigación abiertas» en torno a cuentas abiertas en bancos fuera de España «y su presunta relación con el cobro de comisiones y blanqueo».

CÓDIGO ÉTICO / En resumen, que Interior ha sido incapaz de saber quién elaboró el borrador publicado en campaña pese a entrevistar a casi toda la UDEF; que le ha abierto expediente disciplinario al secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, por haberlo difundido a la prensa y no confesar quién se lo dio, y que próximamente se aprobará un código ético para tratar de evitar filtraciones desde los cuerpos de seguridad del Estado.

Jané, portavoz de CiU en la comisión, exigió al ministro que siga investigando hasta dar con el autor del borrador. Por su lado, el portavoz del Govern, Francesc Homs, se encargó de solemnizar el enojo del Govern: «Pedimos una clara rectificación pública al Gobierno español por las declaraciones que hizo dando credibilidad a la información publicada, es la única manera para honrarlos un poco». «Es como es estar en la época de la Inquisición: te pueden acusar sin pruebas y has de demostrar que no conoces de qué se te acusa», lamentó Homs.

La contundencia de sus palabras de ayer es directamente proporcional a la importancia que CiU da al caso. Para los nacionalistas, la publicación de esas «mentiras» en plena campaña electoral respondía a lo que describen como una estrategia deliberada del Gobierno de lanzar una campaña de «guerra sucia» contra las aspiraciones soberanistas de Mas.

Lo cierto es que la comisión de Interior analizó otros asuntos, como la política penitenciaria del ministerio, las gestiones policiales contra los corruptos o la posible derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el día 20.