Informes que encargó Mas avisan del "alto riesgo" de cometer delito

Artur Mas, ayer, antes de presidir el Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat.

Artur Mas, ayer, antes de presidir el Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat.

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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El Gobierno catalán cuenta en su poder con dictámenes jurídicos encargados a prestigiosos despachos de abogados y catedráticos catalanes  en los que estos le advierten del «alto riesgo» de la comisión de un delito si continúa con los preparativos para la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Estos informes, que se suman a otros de orden interno, fueron encargados por el Ejecutivo de Artur Mas antes de que el lunes el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente la ley de consultas aprobada por el Parlament, el decreto de convocatoria y los actos vinculados a la misma.

El Govern de Artur Mas viene preparando la defensa jurídica de la consulta desde hace meses, no solo desde el punto de vista constitucional y estatutario, sino también administrativo y penal. Por esta razón, el Ejecutivo ha ido encargado a influyentes juristas dictámenes para cubrirse las espaldas. Los aspectos de los que tratan estos estudios son diversos y cubren un amplio abanico de aspectos: penal, contencioso-administrativo y de derecho constitucional. Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupa al Gobierno catalán es la posibilidad de que alguien pueda emprender acciones penales contra los miembros del Ejecutivo, funcionarios o ciudadanos que se involucren o participen en los preparativos de la consulta. Algunos de estos dictámenes han sido encargados por la Conselleria de Governació, que es el organismo que debe organizar la infraestructura para la cita del 9-N.

Fuentes conocedoras de, al menos, uno de estos dictámenes aseguraron ayer a EL PERIÓDICO que los juristas consultados por el Gobierno catalán han alertado de las consecuencias legales que supondría que Mas continuara con los preparativos para la consulta e hiciera caso omiso a la decisión del Constitucional de suspender la ley y el decreto. En este sentido, según las mismas fuentes, los abogados y catedráticos apuntan que no acatar este acuerdo podría acarrear una acción penal por desobediencia, prevaricación e, incluso, siempre que se produjeran determinas circunstancias, malversación de fondos públicos. A esta lista de actuaciones delictivas, se añade también un posible uso indebido de datos personales, siempre que se utilice de forma ilegal, por ejemplo, el padrón municipal.

Otra de las cuestiones que más preocupa al Ejecutivo de CiU es la responsabilidad de los funcionarios. Hay dictámenes que señalan que los empleados públicos de la Generalitat pueden cometer un delito de desobediencia o prevaricación si son conscientes de que la actuación que realizan es ilegal aunque sea por orden de su superior. En cambio, si desoyen a sus jefes no se les podría atribuir ninguna responsabilidad penal ni sanción disciplinaria.

LA FISCALÍA / La Fiscalía Superior de Catalunya, por su parte, no ha recibido en los últimos días ninguna instrucción concreta respecto a la consulta. Al contrario, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha pedido «prudencia» en todas las actuaciones que se hagan desde Catalunya. «No es cuestión de echar gasolina al fuego», insistieron fuentes de esta institución.

Esa voluntad de contención convive con la inquietud que suscita la posible utilización de datos personales de los ciudadanos para poder elaborar un censo electoral no oficial. En este sentido, la entidad Societat Civil Catalana presentó el lunes un escrito en la fiscalía en el que se pide que investigue la cesión de datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a la Generalitat para formar el censo para celebrar la consulta. A la fiscalía también le preocupa la constitución de la comisión de control de las consultas populares, el organismo que actuaría como junta electoral y que supervisaría la votación.