DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE PRESIDENCIA

Un informe destapa irregularidades en la gestión de Patrimonio Nacional

El Palacio Real de Madrid, o palacio de Oriente, uno de los inmuebles gestionados por Patrimonio Nacional.

El Palacio Real de Madrid, o palacio de Oriente, uno de los inmuebles gestionados por Patrimonio Nacional. / periodico

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Un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso el diario 'El País' revela graves irregularidades en la gestión y contabilidad de Patrimonio Nacional, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia que gestiona palacios, templos y museos vinculados a la historia de la Monarquía española. A lo largo de 119 folios, referentes a la gestión de Patrimonio durante el ejercicio del 2013, el informe revela las dietas que cobran los vocales del consejo de administración por ir a reuniones (900 euros cada una) a las que no asisten, contratos troceados que se adjudican cada año a las mismas empresas, inventarios irreales y alquileres de inmuebles públicos a precios ridículos (menos de 3 euros mensuales).

Las irregularidades, según desgrana 'El País', no acaban aquí. El Tribunal de Cuentas ha detectado descontrol en las entradas a museos de palacios y templos religiosos, cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros a cambio de nada o deficiencias en el traslados de obras de arte. Así, hay piezas de valor que se han perdido y otras cuyo paradero se ignora.

El exhaustivo análisis elaborado por el departamento que dirige Enriqueta Chicano concluye que existen "numerosas errores y circunstancias que ponen de manifiesto debilidades del control interno en prácticamente todas las áreas de gestión" de este organismo público responsable, por ejemplo, del palacio de la Zarzuela, el del Pardo, el Valle de los Caídos o los palacios Real de Oriente, de Aranjuez o de la Almudaina.

Fuentes de Patrimonio han señalado que su actuación se ha ajustado a la legalidad en todo momento y que el informe preliminar que les trasladó el tribunal ha sido contestado con alegaciones que ahora "está analizando" el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado. Una vez que el tribunal concluya definitivamente el informe, añadiendo o eliminando observaciones, lo enviará a la fiscalía para que esta lo analice y determine si en la gestión de este organismo se han cometido infracciones penales.