Un informe de la Generalitat aconseja pactar la consulta con el Estado

El Institut d'Estudis Autonòmics (IEA) ha elaborado un informe que establece cinco vías para convocar "con toda legitimidad jurídica" una consulta soberanista en Catalunya, pero de todas ellas recomienda un referendo regulado y autorizado por el Estado porque "suscitaría menos problemas de constitucionalidad". Es la opción preferida por los expertos firmantes del documento en virtud de lo que dispone el artículo 92.1 de la Constitución, aunque si el Gobierno central se negase a autorizarlo, el texto sostiene que la Generalitat tendría entonces legitimidad para optar por vías "alternativas", entre las que figura la "declaración unilateral de independencia".

El informe, de 43 páginas, concluye que existen suficientes mecanismos legales para hacer una consulta "siempre que el Estado tenga voluntad política de canalizar esa reivindicación". Según los juristas del IEA, organismo que asesora al Ejecutivo catalán en materia de autogobierno, existen cinco mecanismos posibles para ejercer el derecho a decidir: la actual ley catalana de consultas populares por vía referendo (aprobada por el tripartito), la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament, los referendos consultivos previstos en la Constitución, la reforma de la Carta Magna y la declaración unilateral.

Pero, para los expertos, la mejor estrategia es apostar por la vía que deje "sin argumentos jurídicos" al Estado, con el objeto de comprobar, de esta manera, si realmente existe la "voluntad política" de permitir la consulta. Así, la vía de la negociación con el Gobierno central generaría "menos problemas" de inconstitucionalidad al ampararse en el artículo 92.1 de la Constitución que, en opinión del IEA, permite un referendo consultivo convocado y regulado por el Estado. Este artículo reza: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos".

Si se siguiera este camino, bastaría con que la Generalitat pidiese al Ejecutivo de Mariano Rajoy que solicite al Congreso de los Diputados la autorización para convocar la consulta que quiere impulsar el Gabinete de Artur Mas. "La debilidad de los argumentos jurídicos que podría aducir el Estado en este proceso mostrarían de forma cierta que las razones de la negativa son puramente políticas y permitiría abrir legítimamente vías alternativas", subraya el documento.

Entre las alternativas que enumera el IEA a esta vía preferida figuran consultas "no oficiales", consultas organizadas en el marco de la legalidad internacional o declaraciones unilaterales del Parlament. Pero antes de llegar a estos extremos, los juristas proponen que, en caso que el Estado no acceda a aprobar el referendo, se solicite una reforma del artículo 92 de la Carta Magna para incorporar, explícitamente, una consulta de ámbito autonómico para decidir el futuro político colectivo de Catalunya.

No obstante, el organismo asesor admite que los otros mecanismos contemplados, como ejercer la consulta en base a la legislación catalana, también podrían funcionar y servirían, al menos, para lanzar un mensaje al Estado, aunque faltaría posteriormente la negociación con el Gobierno igualmente a partir del resultado de la consulta. Eso sí, los autores del informe pronostican que la nueva ley catalana de consultas podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, al igual que ha sucedido con la normativa actual, que está en vigor pero pendiente del fallo del alto tribunal.

El borrador, titulado 'Informe sobre los procedimientos legales a través de los cuales los ciudadanos de Catalunya pueden ser consultados sobre su futuro político colectivo', todavía está pendiente de una revisión final antes de ser remitido a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que solicitó el estudio el pasado 8 de febrero para conocer los mecanismos existentes o que se deberían introducir para celebrar una consulta soberanista. Está firmado por el director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, y el jefe del área de desarrollo autonómico de dicho organismo, Gerard Martín.